La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam), que agrupa a la distribución tanto oficial como independiente, refuerza su posición en Europa entrando a formar parte de la junta directiva del Comité Europeo del Comercio y la Reparación de Vehículos (Cecra). El marco para el anuncio ha sido el Connect Europe de Cecra.
Con su incorporación al órgano de gobierno de la patronal europea, la distribución española -representada por el director Corporativo de Ganvam, Jaime Barea- fortalece su capacidad de influencia en pleno proceso de transformación del modelo de negocio hacia tendencias como la digitalización o la movilidad por suscripción.
Con estos movimientos, el sector europeo reconoce el peso de la española Ganvam para propiciar un entorno que garantice los derechos de los distribuidores a través de unas reglas del juego justas, en medio de un contexto de concentraciones, cancelaciones de contratos de venta y posventa.
Ganvam negocia con los grupos parlamentarios las vías legales para que los distribuidores españoles reciban compensaciones por incumplimiento de contrato, inversiones no amortizadas o finiquito del personal despedido. El caso italiano representa un espejo en el que España y Europa deben mirarse para reequilibrar las relaciones de las marcas con sus redes dando respuesta a una demanda histórica del sector, que lleva desde 2011 esperando la aprobación de una Ley de Distribución que quedó en suspenso por falta de voluntad tanto política como de negociación por parte de los fabricantes.
Objetivos
El presidente de Ganvam, Raúl Palacios, hizo un “llamamiento a la unidad del sector de la distribución y a la necesidad de trabajar coordinados y sumando fuerzas para conseguir en España un entorno competitivo y estable que garantice los derechos del distribuidor a través de unas reglas de juego justas. Se trata de la defensa del conjunto de las pymes del sector”. La actividad de Ganvam en Europa continuará orientada a garantizar la aplicación de la normativa de competencia para proteger al distribuidor.
En este sentido, el nuevo Reglamento de Exención por Categorías para Acuerdos Verticales, que entró en vigor el pasado mes de junio en sustitución del 330/2010, recoge las alegaciones de la patronal española en materia de comercialización digital y dualidad de precios, como por ejemplo, al permitir al distribuidor que haya diferencias en función del canal online y offline y evitando que los fabricantes puedan vender online al consumidor final a un precio que el distribuidor no pueda ofrecer usando el mismo canal. Ganvam consiguió plantear que sea el fabricante quien afronte los riesgos financieros cuando el distribuidor implemente este tipo de modelo.
La patronal española, inmersa también en la actualización del reglamento europeo relativo a posventa (461/2010) que cambiará el próximo curso, ha conseguido que se reconozca la importancia del acceso al dato como factor de competencia. Así, continuará impulsando un marco regulatorio que fomente el intercambio de información -no personal y anónima- entre actores privados y públicos, defendiendo una plataforma abierta y segura donde todos los actores accedan en igualdad de condiciones a los datos generados por los vehículos.
Dentro de la agenda de Ganvam también se encuentra la defensa de la gestión eficaz de los fondos europeos. La patronal española, que advirtió en Bruselas del impacto negativo de excluir a las actividades de intermediación -y por tanto a la distribución- de las bases del Perte VEC, defiende una reevaluación del régimen de ayudas, máxime cuando hasta la fecha, de los 3.000 millones de euros dispuestos solo se ha asignado el 20%.
El presidente de Ganvam insistió en que “la estrategia desarrollada en España hasta la fecha favorece a las grandes multinacionales cuya sede, en muchas ocasiones, ni siquiera está en suelo español; mientras se excluye a las empresas que generan riqueza en todo el territorio, incluida la España rural, y por su capilaridad garantizan el efecto arrastre que se exige a la adjudicación de estos fondos. Si bien los Perte exigen que el 30% de sus fondos recaiga en pymes, las bases utilizan la subcontratación de servicios de las grandes corporaciones como vía de acceso a las ayudas, lo que supone discriminar a todas aquellas pymes no manufactureras, poniendo de manifiesto que España no lleva a cabo una política transformadora integral”.
