Para los no iniciados, los emuladores son unos dispositivos que se conectan a camiones y autobuses para anular los sistemas Adblue que permiten cumplir con los límites europeos de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

La Fiscalía de Medio Ambiente, la Guardia Civil y Europol han desarrollado una operación contra esta práctica fraudulenta, destapando el fraude de una empresa de transportes de Madrid que instalaba emuladores en sus vehículos para eludir la normativa medioambiental.

Según el Seprona, la empresa había instalado emuladores en 30 de los 160 camiones de su flota, sobre todo en los que deben cumplir las antiguas normas anticontaminación Euro 4 y Euro 5.

Al desactivar el Adblue, se consigue un fuerte ahorro económico, que compensa con creces los 20 euros por los que se puede conseguir un emulador ilegal. Según los investigadores, la empresa habría logrado unos beneficios de 700 euros por vehículo al año.

Con estos dispositivos, la empresa prescindía del líquido que emplea el sistema Adblue para limpiar las emisiones de los motores. Y al desactivar el sistema se ahorraban también el mantenimiento del mismo, informa El País.

Daño al medio ambiente

Un ahorro para la empresa que supone un coste importante para el medio ambiente. Se calcula que los 30 camiones trucados habrían emitido hasta 90 toneladas de óxido de nitrógeno por encima de los límites legales. 

Por ello, la Fiscalía y el Seprona emprenderán acciones penales contra los responsables de la empresa transportista. A los cuatro acusados -los dueños de la empresa y un alto cargo-, se les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. También se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos. 

La investigación, que se inició hace dos años tras la denuncia de un fabricante de Adblue, también se ha desarrollado en Francia y Reino Unido. Se trata de una acción pionera para detectar la instalación de los emuladores en camiones diésel, estableciendo un sistema para poder calcular las emisiones por encima de los límites legales que expulsan los motores de estos camiones.

El objetivo es poder abrir también la vía penal contra los que instalen estos dispositivos al cuantificar las emisiones contaminantes que exceden el límite. Hasta ahora, solo se abría un expediente administrativo contra el responsable.