Reparación | Denuncias vecinales permiten desmantelar un taller ilegal en Las Palmas de Gran Canaria

Clausurado por la policía, el dueño se enfrenta a una sanción de más de 65.000 euros por operar sin ningún tipo de licencia ni permiso.

Las denuncias vecinales permiten desmantelar un taller clandestino en Las Palmas de Gran Canaria
El taller, ubicado en el barrio de San Cristóbal, era imperceptible a la vista desde la calle

Desmantelado un taller clandestino en Las Palmas de Gran Canaria. Agentes de la Policía Local de la ciudad han denunciado al titular de un taller de reparación de vehículos que operaba en la parte trasera de un edificio del barrio de San Cristóbal.

En este caso, fueron los propios vecinos del barrio de San Cristóbal quienes denunciaron ante el Ayuntamiento el abandono de vehículos semidespiezados en una parcela cercana a la Ciudad deportiva.

La Policía Local realizó entonces varias vigilancias hasta comprobar que el origen de los vehículos semidespiezados era una actividad de taller de reparación de automóviles que operaba de forma discreta en la parte trasera de un inmueble, siendo imperceptible desde la vía pública.

Sin licencia alguna

Una vez constatada la actividad, agentes del Grupo Ambiental del Cuerpo de Seguridad desarrollaron un dispositivo por el que se personaron en el exterior del recinto para retirar todos los vehículos desguazados que acumulaba en el entorno e inspeccionar la actividad que desarrollaba en el interior

La actuación policial sirvió para comprobar que el titular del taller operaba de forma completamente clandestina, sin licencia ni alta en la seguridad social, y además realizaba una gestión negligente de los residuos peligrosos que generaba, tales como aceites, combustibles y otros propios de la actividad.

La Policía Local levantó el acta correspondiente y ha puesto los hechos en conocimiento de la Consejería de Industria, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, el Ayuntamiento e Inspección de Trabajo, enfrentando su titular posibles sanciones por una cuantía superior a los 65.000 euros, además de la orden de precinto que podrá dictar el Ayuntamiento.

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