Los talleres no tienen que contratar seguros de responsabilidad ambiental. Al menos, por el momento. Lo asegura Conepa, que niega la veracidad de los mensajes que ciertas compañías están haciendo llegar a las empresas de reparación sobre una supuesta obligatoriedad, recogida en la Ley 26/2007, en la que se basan su argumentación los proveedores de esta clase de pólizas.

Conepa ha enviado a sus asociados un informe con la base jurídica de su razonamiento para que los responsables del taller tengan toda la información necesaria para tomar decisiones sobre la contratación de estos seguros. La Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental instaura un nuevo régimen de responsabilidad, cuyo objetivo prioritario es la prevención de los daños ambientales, así como la reparación de posibles efectos negativos causados por ellos.

Sin embargo, para poder establecer una garantía financiera (imprescindible para emitir una póliza correcta que dé cobertura adecuada a los posibles daños) es necesario realizar previamente un análisis de riesgo medioambiental del taller, que debe ser verificado por las Comunidades Autónomas, argumenta Conepa. A día de hoy, esto no es posible ya que ni se han aprobado las Órdenes Ministeriales que van a establecer la metodología para llevar a cabo este análisis de riesgo ni las CC.AA. tienen aún designadas las competencias al respecto.

Por otra parte, es posible que, tras realizar el análisis de riesgo ambiental, cuando se tengan las herramientas para ello, se evalúe que el valor económico de los posibles daños ambientales generados no alcance el mínimo definido por la Ley para tener la obligación de contratar un seguro. Conepa entiende que este episodio es un ejemplo más de la cantidad de obligaciones económicas y burocráticas que, por parte de las administraciones públicas, soporta el taller, algo que ahora se acusa de una manera especial con la complicada situación de nuestro entorno.