La actividad en los talleres de reparación genera sustancias contaminantes y aceites usados de los vehículos que, por obligación, deben gestionarse de forma adecuada. El incorrecto tratamiento de estos químicos puede conllevar sanciones de hasta dos millones de euros para estos centros. A pesar de las elevadas cifras registradas hace unos años en Galicia, el número de denuncias disminuyó el 27% en 2019, hasta las 1.436 infracciones, 541 menos que un año antes, según ha publicado el digital Faro de Vigo. La cantidad de sanciones interpuestas el pasado año ha supuesto el punto más bajo desde 2012, aunque ha superado el total de las registradas en 2016.

El sector de la reparación está obligado a tratar sus residuos mediante gestores especializados desde 2002, aunque muchos talleres no cumplen la normativa para ahorrar en costes, sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales de su acción, tal y como ha recordado José Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra (Atra).

La Policía Autonómica, adscrita a la Policía Nacional, realiza inspecciones periódicas para revisar los libros oficiales donde se registra la entrega de estos residuos, además de supervisar las zonas de almacenamiento y el cumplimiento de los plazos de entrega.

Desde el Gobierno de Galicia asocian el descenso de las denuncias con "la fuerte campaña de inspecciones de los años anteriores", que habría motivado a muchos talleres a adaptarse a la normativa para evitar una multa. Por su parte, el presidente de Atra, considera que las sanciones se vinculan principalmente con negocios ilegales, apuntando al incremento de talleres clandestinos que no cumplen con la legalidad, cuyo número podría aumentar como consecuencia de la crisis del coronavirus.