Algunas estaciones de servicio podrían verse obligadas a adaptar sus negocios a la movilidad eléctrica con la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos pero con electricidad de origen renovable, según el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno.

El documento señala que los titulares de las instalaciones de suministro de combustibles para vehículos que en 2017 tuvieran un volumen de ventas de gasolina y gasóleo de, al menos, 10 millones de litros tendrán que presentar, en un plazo máximo de nueve meses, un proyecto para la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica con potencia igual o superior a 22 kilovatios.

Esta iniciativa se deberá ejecutar en los siguientes doce meses a la presentación de dicho proyecto ante la Dirección General de Política Energética y Minas, según informa Europa Press.

Asimismo, las estaciones de servicio que en 2017 registrasen un volumen de ventas de combustibles y carburantes de entre cinco y diez millones de litros tendrán un plazo de quince meses para presentar el proyecto y de doce meses para ponerlo en marcha, también con una potencia de 22 kilovatios y con fuentes renovables.

En el caso de que sea una provincia, ciudad autónoma o isla que no cuente con una estación de servicio que cumpla con las condiciones establecidas anteriormente, los titulares de las instalaciones, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales y que al menos alcancen el 10% de las ventas anuales en dicha área geográficas, presentarán dicho proyecto en quince meses y lo tendrán que aplicar en los doce siguientes.

Además, los titulares de dichas estaciones de servicio no quedarán eximidos del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y de la obtención de las autorizaciones necesarias para la ejecución de estos proyectos, así como para la prestación de servicios.

En el caso de las concesiones estatales, las obligaciones de las estaciones de servicio con volúmenes anuales de más de cinco millones de litros de combustible tendrán que ser cumplidas por parte de los concesionarios de las mismas, que deberán presentar un plan sobre el despliegue de servicios de carga eléctrica y garantizar un número adecuado de puntos de recarga y reabastecimiento.

Por otro lado, el texto apunta que las administraciones públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

El 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberán estar equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos a finales de 2022.

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno también contempla la prohibición de vender vehículos de gasolina, diésel, de gas e híbridos en España a partir 2040. A partir de 2050, estos tampoco podrán circular.