El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han aprobado recientemente una nueva Directiva cuyo contenido refrenda que la ITV debe seguir estando regulada por la Administración. El criterio de esta normativa coincide con el sistema ya implantado en España, aunque deja libertad al Estado miembro para “establecer normas más estrictas para las inspecciones que las que exige la Directiva”.

De este modo, y con el respaldo de Europa, el sistema de ITV español queda avalado, según explica Aeca-ITV, la asociación de las entidades que realizan el control técnico, ya que “se respalda su imparcialidad”. “El criterio del Parlamento coincide con el de Aeca-ITV, que siempre ha reivindicado la independencia y objetividad de la actividad inspectora para protegerla de diagnósticos interesados”, recalca la asociación.

Por su parte, las Comunidades Autónomas también han establecido un régimen de incompatibilidad complementario al del Estado, con el fin de “evitar conflictos de intereses al impedir que este servicio sea llevado por entidades con actividad en sectores relacionados con el vehículo, como reparación, compra-venta, aseguradoras o transportistas”, recuerda Aeca-ITV.

La Asociación hace especial hincapié en que el Parlamento y el Consejo europeo han señalado que la ITV está excluida de la Directiva de Servicios en el mercado interior, por lo que “no es una actividad sujeta al principio de libertad de empresa”. Este argumento echa por tierra la vieja reivindicación de algunas patronales de talleres y concesionarios españoles que venían pidiendo la liberalización de la ITV.