“Hay muchísimo intrusismo en la profesión de mecánico, y cada vez más, ya que la situación se ha complicado en mayor medida todavía a consecuencia de la pandemia del coronavirus”, ha dicho Francisco Roca Miranda. Es propietario del Taller Roca, ubicado en el barrio de El Chorrillo, al Suroeste de la capital tinerfeña, y también presidente de Asintra (Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia), integrada en Femete (Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías).

Según una entrevista publicada en el diario El Día, para Francisco Roca la necesidad que estamos viviendo “obliga a mucha gente a hacer este tipo de trabajos bajo cuerda con el reclamo de unos precios más baratos que acaban siendo desorbitados”.

Entiende que con este tipo de prácticas pierde todo el mundo: “Por un lado, el que se arriesga a trabajar así, sin ningún derecho. También aquel cliente que acepta un servicio que no ofrece ni la más mínima garantía. Por último, nosotros, los legales, por la competencia desleal que suponen estos cáncamos”.

Francisco Roca valora la colaboración con la Policía para que intervenga y sancione porque, “es un fenómeno que nos afecta y nos hace mucho daño”. Recuerda este profesional de la mecánica a los posibles clientes de estas empresas piratas que “lo barato a la larga sale caro en el mundo de las reparaciones, porque no tienen la mínima garantía cuando supuestamente se acaba el trabajo”. Se da la circunstancia, además, de que “cuando nos llega algún vehículo que ya ha sido tocado hay que volverlo a revisar para corregir la mala praxis, y eso encarece el precio final de la reparación”. Recuerda que “ si no hay factura, no hay garantías, y si algo sale mal, ¿a quién va a reclamar?”

Roca distingue entre talleres ilegales y clandestinos. A los primeros, subraya, “les fala algún papel o permiso de carácter administrativo o burocrático, pero son visibles. Los segundos permanecen en la total oscuridad y, detalla, “en el 90% de los casos trabajan con la puerta cerrada”. Al respecto añade que “un trabajo supuestamente barato puede salirle muy caro al cliente al final”. Aclara que “la Isla es pequeña y en el sector nos conocemos todos, pero hay miedo a denunciar y es lógico. Se puede hacer anónimamente, pero es fácil que la sospecha recaiga sobre quien pueda resultar beneficiado. No es frecuente la denuncia”.

Invitado a cuantificar la radiografía del sector en la isla, asegura que “en Asintra tenemos unos 600 afiliados entre unos 1.000 talleres legales que dan empleo y son el sostén de unas 3.000 familias. En cuanto a los ilegales y clandestinos, no me atrevo a dar una cifra concreta, pero los hay y son unos cuantos”.

Campaña "YoSoyLegal"

Asintra, el colectivo que preside Francisco Roca, que pertenece a Femete, junto con Femepa, su homóloga de Las Palmas, mantiene actualmente la campaña conjunta lanzada en 2016 “YoSoyLegal”, ampliada dos años más tarde con el apoyo económico de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Su objetivo es hacer aflorar el negocio ilegal en el sector. Un sello de calidad y una aplicación móvil con promociones, junto a una página en Internet, forman parte de la iniciativa, que invita a regularizarse a empresas que operan en la economía sumergida, donde pueden facturar unos 600 millones de euros al año.

Ese afloramiento va acompañado de ayuda y motivación para aquellos que den el paso hacia la legalidad. También va dirigida a identificar a las empresas que cumplan para sensibilizar a los consumidores de que las contraten porque crean riqueza y empleo. La aplicación y la página en internet operan como un gran buscador de la oferta de empresas en un sector que mueve 25 ramas de actividad, desde electricistas a mecánicos de automoción, por lo que también supone una buena oportunidad para ofrecer servicios, descuentos y promociones.

Alberto Villalobos, presidente de Femete, valora “muy positiva” la herramienta que supone la App y la web, donde aparecen las empresas legales que dan una oferta con plenas garantías al usuario. Desde Femete cuantifican la “lacra” de la economía sumergida en unas 2.000 o 2.500 “empresas” en Tenerife, con entre 100.000 y 120.000 personas alrededor de los cáncamos. “Una competencia desleal que hace mucho daño” sentencia Alberto Villalobos.