Los empresarios del todo el país no dejan de luchar en los últimos años contra la proliferación de talleres ilegales que llevan a cabo su actividad económica sin reunir los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Por este motivo, Femeval ha presentado esta semana un documento con las medidas que se han marcado desde la organización para perseguir estos negocios ilegales que afectan a más de 2.000 empresas y profesionales de las asociaciones que forman parte de ella.

Actualmente, según la federación, el intrusismo profesional en los servicios del metal alcanza al 40% en la Comunidad de Valencia, por lo que la entidad asegura que llevan más de 20 años reclamando un mayor control por parte de la Administración para garantizar mayor seguridad.

“Hemos instado por activa y por pasiva a los órganos competentes a que cumplan sus obligaciones como marcan las diferentes normativas vigentes. Pero la respuesta sigue sin ser la deseada”, explica el presidente de la federación, Vicente Lafuente.

Desde Femeval subrayan que el intrusismo profesional supone una competencia desleal para las empresas que ejercen su actividad de forma legal, pone de relieve la falta de efectividad de la Administración ante actuaciones irregulares y pude suponer daños irreparables para los consumidores.

En España dos de cada diez talleres son ilegales, pero el problema, subraya la federación, es que “aunque se descubren, no es delito y sólo supone una sanción administrativa y no se cierran”.

Además, recuerdan que también se produce intrusismo dentro de la legalidad en recambistas ilegales, desguaces, compañías de renting, rent a car, grandes flotas y compañías de seguros, entre otros.

Entre las medidas que contiene el mencionado documento destaca el potenciar inspecciones, seguimiento, vigilancia y sanción del mercado para garantizar un entorno sin competencia desleal. Asimismo, la patronal también ha planteado buscar fórmulas de colaboración público-privada, “dado que la propia Administración no tiene capacidad”.

Por otro lado, los empresarios pretenden que se elabore un ‘Plan de Inspecciones’ con el que se garantice que todas las empresas que hayan presentado una declaración responsable recibirán una visita de comprobación en el plazo máximo de 30 días desde que registren su declaración, informando a Femeval del resultado de dichas inspecciones con el fin de reconocer públicamente las buenas prácticas.

Las medidas también contemplan establecer protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de denuncias sobre competencia desleal y alcanzar un compromiso de las administraciones públicas, explica la organización.

Otra opción que ponen sobre la mesa es la generación de tasas por revisión económicas que conllevarían ingresos a la Administración y generarían empleo, tomando como referencia otras regiones en las que ya está implantada esta actuación, así como crear comisiones conjuntas con representantes de diferentes administraciones.

Respecto a la concienciación ciudadana, se aboga por alertar de la peligrosidad de contratar estas actividades ilegales, apelando a la responsabilidad de los proveedores a la hora de suministrar material a trabajadores no habilitados y a la del consumidor final, además de hacer hincapié en las ventajas que supone disponer de una factura con IVA a la hora de solicitar garantías por un servicio o producto inadecuado.

“Mientras siga existiendo gente que solicite los servicios de los intrusos profesionales seguirá habiendo una actividad ilegal que se alimentará de la economía oficial”, afirma Lafuente.

Por último, se solicita la obligatoriedad de adherirse a un Seguro de Responsabilidad Civil, y se propone diseñar un sello Femeval de empresa colaboradora y/o certificada por la federación, que asegure los cumplimientos legales, no siendo suficiente estar asociado, sino que se debería pasar una inspección.