La Comisión Europea sigue preocupada por la competencia en la posventa. Es una de las razones que explican que el Ejecutivo comunitario haya decidido renovar hasta 2028 el Reglamento 822/2023 de Exención por Categorías de Vehículos de Motor -conocido por sus siglas en inglés MVBER- y que entrará en vigor el próximo 1 de junio.
En un contexto de rápida evolución tecnológica, de crisis postcovid unida a la presión por reducir las emisiones, Bruselas mantiene sus esfuerzos por limitar los excesos de poder y aumentar la competencia entre los distribuidores. Para ello, la Comisión europea mantiene buena parte del régimen normativo anterior y pone el foco en tres directrices.
La primera de ellas es seguir permitiendo que los talleres independientes puedan realizar mantenimientos durante el periodo de garantía.
La premisa es sencilla: si el cliente paga, el cliente elige dónde se lo gasta. De este modo, la normativa restringe el acceso de los recambistas a las piezas oficiales, aunque al mismo tiempo obliga a los fabricantes a suministrarlas a los talleres independientes. El objetivo es limitar el exceso de poder de los servicios oficiales en garantía, que supone 2 de cada 3 reparaciones.
Pertenencia a red oficial
La segunda de las directrices es la de mantener el derecho a que los talleres con contrato en vigor y que cumplan con los estándares de calidad de marca formen parte de la red oficial. Se busca así dar certidumbre al sector tras lo ocurrido en el Caso Stellantis y en un contexto en el que el fabricante está cambiando su modelo a uno basado en el contrato de agencia.
Con esta normativa, explican desde Ganvam, en el supuesto de que una marca cambie hacia un contrato de agencia, los concesionarios se convertirían en agentes que actuarían por cuenta del principal y los agentes, que pertenecen a la red secundaria, podrían continuar siendo subagentes de esos nuevos agentes.
En otras palabras, una cancelación de contrato unilateral de la marca no sería legal mientras cumpla con sus estándares.
Sobre esto último, la patronal explica que los estándares de calidad deben ser claros, uniformes y no discriminatorios, advirtiendo además de menores exigencias en función del territorio, como pueden ser las zonas rurales.
Acceso al dato como factor de competencia
Por último, la tercera de las directrices que establece la Comisión Europea es la de facilitar el acceso a la información técnica del vehículo en "igualdad de condiciones" a todas las partes, impidiendo que el fabricante hacer un uso exclusivo de ella.
En un desayuno informativo, Ganvam ha expuesto este asunto como una de las grandes novedades que incluye la normativa 822/2023. De este modo, se aboga porque todos los actores de la distribución, también los independientes, puedan acceder a esa información en igualdad de condiciones a través de una plataforma abierta.
Se sigue así la línea establecida por la Data Act, aún en trámite y que podría estar en vigor en 2024, aunque los deseos de la patronal van más allá. El objetivo no es otro que el de una regulación específica para el automóvil que garantice a todo el sector encontrar nuevas oportunidades de negocio.
