Volkswagen se enfrenta al primer problema serio ante los tribunales por el escándalo de las emisiones de óxidos de nitrógeno de sus vehículos equipados con el motor diésel EA189, conocido como 'dieselgate'.

El fabricante alemán debía presentar antes del 24 de marzo la solución para los casi 600.000 vehículos que circulan en Estados Unidos con motores de 2.0 l trucados con el software que ocultaba sus emisiones reales de NOx.

El juez de California Charles Breyer dio de plazo a Volkswagen hasta dicha fecha para que presentara ante su juzgado el remedio para los vehículos afectados, algo que el fabricante no ha llevado a cabo, al menos, que haya trascendido.

Breyer, juez de distrito en San Francisco ante quien se han consolidado diferentes demandas, pidió a la multinacional el pasado 25 de febrero que le ofreciera en un mes una solución al trucaje, aduciendo que el fabricante ha tenido tiempo suficiente para desarrollar el remedio desde que se conoció el engaño.

Con anterioridad, este juez nombró al exdirector del FBI Robert Mueller, como mediador para intentar un acuerdo de compensación entre los propietarios de los 580.000 vehículos afectados y el fabricante alemán bajo su supervisión.

Al mismo tiempo que VW se enfrenta al ultimátum de Breyer, el fabricante alemán parece estar progresando en sus negociaciones con el Gobierno federal para llegar a un acuerdo extrajudicial de compensación.

Medios estadounidenses han señalado en los últimos días que las negociaciones en marcha se centran en la creación por parte de VW de dos fondos de compensación: uno a nivel federal y otro para el estado de California, cuyas autoridades medioambientales descubrieron el trucaje de los motores.

El establecimiento de estos fondos podría poner punto y final a las demandas de las autoridades norteamericanas, como la presentada el pasado 4 de enero por el Departamento de Justicia por violar las leyes medioambientales del país. Estiman que en el peor escenario posible, las indemnizaciones que tendría que pagar el grupo alemán podría rondar los 46.000 millones de euros.

Las mismas informaciones han señalado que las negociaciones entre VW y las autoridades estadounidenses para llegar a un acuerdo están siendo dirigidas por el español Francisco Javier García Sanz, miembro del consejo de administración de Volkswagen desde 2001 y responsable de Compras.

Durante la vista del pasado 25 de febrero, uno de los abogados de VW, Robert Giuffra, reconoció al juez Breyer que VW ha mantenido “conversaciones muy intensas sobre el remedio con el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental y con el Consejo de Recursos Aéreos de California“.

Giuffra añadió “en un mes más o menos, creo que tendremos algo más concreto que decir al tribunal”, fecha que se cumple este jueves 24 de marzo.