Anfac ha denunciado ante la Comisión Europea el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de las Islas Baleares. Este proyecto, que se encuentra en avanzada fase de tramitación, incluye la prohibición de circular por las islas, a partir de 2035, de los vehículos movidos por motor de combustión matriculados en el resto de España y de la Unión Europea.
La norma establece una prohibición anterior, en 2025, para los vehículos diésel, que en 2035 se extenderá a todos los coches, motos, furgones y furgonetas con motores diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales. Sólo podrán hacerlo los ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad.
Como consecuencia, ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas. Tampoco los concesionarios radicados en las islas podrán vender vehículos de combustión, a diferencia de sus homólogos de la Península, con el consiguiente impacto económico.
La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones considera que la proyectada Ley de Cambio Climático balear "afecta gravemente" al normal funcionamiento del mercado interior y supone "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea".
Anfac entiende que estas medidas son "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas, están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico" y suponen "un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea", así como de la ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser "inéditas en toda Europa".
Por ello, además de denunciar la futura norma ante la Comisión Europea, la asociación ha elevado otra denuncia ante la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.
Apoyo de Faconauto
La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha mostrado su apoyo a la denuncia presentada por Anfac, puesto que el proyecto de Ley balear "invadiría competencias estatales y de la UE, en concreto, la normativa de homologación de vehículos de la UE".
Además del conflicto legal, Faconauto advierte de que esta norma pondría en serio peligro el sector de la distribución y reparación de vehículos en Baleares, ya que los clientes dejarán de adquirir los modelos de combustión, que actualmente son el 99% de las matriculaciones. Los concesionarios de Baleares dan empleo a 5.000 personas de manera directa y a otras 20.000 de manera indirecta.
Faconauto califica el proyecto, finalmente, de "irresponsable en los plazos" y denuncia que "no responde a las necesidades de los conductores ni a esta realidad de mercado, en la que los nuevos vehículos diésel y de gasolina seguirán siendo en los próximos años una opción muy válida en múltiples situaciones, por su consumo eficiente de combustible y porque los fabricantes están tomando acciones concluyentes para reducir al mínimo su impacto sobre el medio ambiente".
