La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China ha motrado su “firme oposición” a la decisión de la Comisión Europea de iniciar una investigación por las subvenciones y ayudas sobre las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de este país.

Los fabricantes chinos consideraron en un comunicado que la medida “interrumpirá gravemente las cadenas industriales y de suministros a nivel global”.

“Es un hecho inequívoco que el mercado chino de vehículos eléctricos se ha enfrentado a una competición feroz y no depende de subsidios para su apoyo o protección”, dijo la Asociación. También destacó que el gigante asiático es el mayor mercado externo para numerosas compañías automotrices de la Unión Europea.

Acto de proteccionismo

La investigación, de acuerdo a los fabricantes, “es un acto aparente de proteccionismo que ralentizará en desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos en la UE y el resto del mundo, y dificultará la tarea global de neutralizar la huella de carbono”, indicó el comunicado.

Además, la Asociación manifestó su disposición a comunicarse con sus contrapartes europeas para “consolidar y expandir la cooperación en varios ámbitos”, a la vez que recordó que en este sector “China y la UE son socios, no rivales, y su desarrollo requiere de competencia justa y no de proteccionismo”.

La investigación, cuyo inicio formal fue anunciado este miércoles, pretende determinar si las cadenas de valor de estos vehículos en China se benefician de subsidios ilegales y si éstos causan o amenazan con causar un perjuicio económico a los productores de coches eléctricos de la UE, indicó la CE en un comunicado.

Implantación de aranceles

En función de las conclusiones de la investigación, la Comisión determinará “si redunda en interés de la UE” poner remedio a los efectos de las prácticas comerciales desleales constatadas mediante la imposición de derechos antisubvención a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China.

Según la CE, los vehículos chinos tienen una penetración del 8% en el mercado comunitario -que podría duplicarse hasta el 15% en 2025 de continuar al mismo ritmo- y cuestan un 20% más barato que los europeos.

La investigación concluirá en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura y, si está jurídicamente justificado, podrán imponerse derechos antisubvenciones provisionales en un plazo de 9 meses a partir de su inicio, y medidas definitivas hasta 4 meses después o en un plazo de 13 meses a partir de la apertura de la investigación.