La demanda de vehículos usados de hasta 300 euros ha crecido el 42,6% desde la puesta en marcha del Plan PIVE, según datos de la plataforma AutoScout24. Esta red online asegura que estos vehículos representan una “moneda de cambio perfecta” para los compradores que buscan acogerse al Plan PIVE pero no cuentan con un vehículo de más de 12 años para achatarrar.

El hecho de que el PIVE no exija la titularidad del vehículo por un tiempo determinado, a diferencia de lo que ocurría con el histórico Plan Prever, está llevando a algunos particulares a aprovechar esta fórmula totalmente legal para hacerse con la ayuda a la compra de un vehículo nuevo o usado de hasta un año.

Las cuentas salen: aunque a los 2.000 euros del PIVE haya que restarles lo invertido en el coche antiguo y los gastos del cambio de titularidad, los particulares siguen beneficiándose de una ayuda cercana a los 1.700 euros, a la que habría que sumarle las promociones acumuladas de hasta 4.000 euros por automóvil que están ofreciendo ya algunas marcas y concesionarios.

AutoScout24 considera que operaciones como esta forman parte de un movimiento natural del mercado, aprovechando de forma casi instintiva las posibilidades que brinda el Plan PIVE y favoreciendo una triple jugada beneficiosa para el comprador y el mercado: por un lado, dinamiza las ventas de vehículos nuevos y seminuevos; por otro, presiona al alza la demanda de usados; y, finalmente, consigue el objetivo de retirar de la circulación los coches más viejos, dando entrada a vehículos eficientes.

Según el director general de la plataforma, Gerardo Cabañas, “en contextos adversos es cuando el particular va más allá y no deja de sorprendernos. Estamos ante una compra inteligente y racional en la que el comprador pone todas las herramientas legales a su alcance para conseguir cambiar de coche al mejor precio, evaluando todas las variables en juego, incluso la fiscal”.

Y es que aquellos que piensan en comprar un coche de segunda mano como moneda de cambio son conscientes de que no deben invertir más de 500 euros para que les compense fiscalmente. El motivo es que la parte de ayuda de 1.000 euros aportada por el Gobierno (los otros 1.000 los da el fabricante) debe tributar como ganancia patrimonial en la declaración de la Renta del próximo año, lo que supone pagar entre 247 y 520 euros en función de los ingresos del comprador.