En España existen unos 9.000 talleres clandestinos, que han generado unas pérdidas para el sector de 1.500 millones de euros entre 2012 y 2017. La merma para Hacienda por esta causa en este periodo se sitúa en aproximadamente 230 millones de euros, y, para la Seguridad Social, suma 112 millones de euros.

Estos datos fueron aportados por Antonio Atiénzar, responsable del área de lucha frente a los talleres clandestinos de la Federación de Asociaciones de Automoción de Castilla la Mancha durante Cetraauto, el encuentro anual de empresarios de talleres de reparación de España (Cetraa), celebrado en Toledo el 16 de junio.

Durante el encuentro, se planteó que la llegada del coche conectado en un primer momento y el autónomo después podrían ser de gran ayuda para eliminar esta lacra. Así, Mª de los Angeles Martín Ruiz, responsable de Promoción de la Prevención de Solimat, afirmó que “el coche autónomo supondrá el fin de los talleres ilegales”.

Su planteamiento se basa en la necesaria evolución y especialización que los talleres deberán acometer para poder reparar este tipo de vehículos. “Aunque muchos se muestren escépticos, el coche autónomo es claramente el futuro. Los dispositivos ADA de ayuda a la conducción ya están plenamente integrados en nuestras vidas, y los talleres se han actualizado para trabajar con ellos. Lo mismo ocurrirá con el coche autónomo”.

En la misma línea se expresaron Elicio Ceballos y Xabier Iraragorri, presidente y técnico respectivamente de la Comisión de Información Técnica de Cetraa. “Debemos tomarnos los cambios que trae consigo el coche conectado y el Reglamento como una manera de diferenciarnos y no como un obstáculo”, aseguró Ceballos.

A partir de la aprobación de este Reglamento, los fabricantes de automóviles tienen la obligación de proporcionar a los talleres independientes la información necesaria para que puedan realizar una adecuada diagnosis en caso de avería. Para ello, se han establecido una serie de requisitos que el taller debe cumplimentar, incluyendo una tasa que debe abonar al fabricante por acceder a esta información. “Esto aleja definitivamente a los talleres ilegales”, apunta Iraragorri.

¿Y MIENTRAS?

El teniente coronel José María Gil Armario, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, explicó que entre 2014 y 2016 se ha realizado una campaña a nivel nacional para definir el problema de los talleres ilegales y el ámbito de actuación, en colaboración con las diferentes Administraciones.

Se ha definido lo que se entiende por taller ilegal, que es el que “de manera sistemática incumple los requerimientos técnicos y de autorización, incluyendo la normativa medioambiental, de seguridad o situación laboral de sus trabajadores o bien trabaja con vehículos o piezas sustraídas”.

Gil Armario expuso que la Guardia Civil inspecciona los talleres que presentan alguna irregularidad y trasladan el caso a la Administración pertinente, que es la encargada de ordenar el cierre en caso necesario. En el área de Toledo, la Guardia Civil ha realizado 31 actuaciones en 2017, un 65% de ellas relacionadas con el medio ambiente.

El principal problema sigue siendo el poder inspeccionar estos talleres. Según explicó Gonzalo Martín, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo, el mayor escollo es “actuar contra los talleres localizados en domicilios particulares, a los que no se puede acceder sin orden judicial”. Invitó a los asistentes a que pongan en conocimiento de la Administración cualquier caso del que tengan conocimiento y recordó que “la acción de denuncia es confidencial”.

Desde el foro de asistentes plantearon dos cuestiones relacionadas con esta problemática: el exceso de burocracia y requisitos para el taller homologado, que pueden llevar a talleres pequeños a platearse pasar a la clandestinidad para subsistir; y la venta libre, tanto en grandes superficies como online, de piezas de recambio, que suponen una ayuda indirecta a los talleres ilegales.