Reparación | Faconauto, preocupada ante el nuevo test para la medición del consumo de combustible

La normativa podría obligar al pago del Impuesto de Matriculación a modelos que antes no lo estaban.

Gerardo Pérez se reunió esta semana con el secretario de Estado de Hacienda
Gerardo Pérez se reunió esta semana con el secretario de Estado de Hacienda

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, en su reciente reunión con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, transmitió su preocupación ante el nuevo test para la medición del consumo de combustible y de emisiones de CO2 de los vehículos, el cual entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

Según explica Pérez, la nueva normativa puede obligar al pago del Impuesto de Matriculación a modelos que antes no lo estaban, lo cual afectaría a coches de menor cilindrada, adquiridos por clientes de menor poder adquisitivo.

Además, el presidente de la asociación compartió con Fernández de Moya las propuestas de la patronal para apuntalar el desarrollo del sector de la automoción, tanto en la distribución como en la fabricación, y puso encima de la mesa la propuesta de revisar las cargas impositivas aplicadas al automóvil tanto en la compra como en el uso.

Por otro lado, en dicha reunión, el representante de los empresarios recordó al secretario de Estado de Hacienda la necesidad de seguir impulsando la renovación del parque automovilístico con planes de achatarramiento que incentiven la adquisición de vehículos más eficientes y seguros, o medidas como el cambio de tributación de los automóviles más antiguos.

La renovación del parque debería, según Faconauto, ir acompañada de un apoyo fiscal a la compra de vehículos impulsados por combustibles alternativos (en el caso de los eléctricos, la patronal plantea queden exentos del IVA) o fomentar el renting a particulares mediante incentivos fiscales, permitiendo a más conductores cambiar de vehículo en un plazo de cuatro años.

Finalmente, Faconauto ha llamado la atención sobre los impuestos y las tasas que están poniendo en marcha algunas comunidades autónomas, “lo que aumenta innecesariamente la presión sobre el automóvil y crea desigualdades territoriales”, indica la patronal.

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