El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, en Cantabria, ha condenado al Ayuntamiento de la localidad a abonar 5.031,58 euros a un taller mecánico del municipio por la reparación de un coche de la Policía Local pendiente de abonar.

Según recoge la sentencia, difundida por la sección sindical de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria, el jefe de la Policía Local llevó un vehículo patrulla a ese taller para reparar unas deficiencias por las que no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Sin embargo, y aunque después sí pasó la ITV, consideró que las reparaciones llevadas a cabo para corregir el exceso de gases no eran necesarias, por lo que decidió llevarse el vehículo sin abonar la factura ni las piezas, a un servicio oficial.

Declaración contradictoria

El jefe de Policía declaró en un primer momento que los responsables del negocio le dijeron que no podían reparar el vehículo y que lo llevó a un segundo taller, aunque finalmente reconoció que la inspección se pasó cuando el coche estaba en el primero.

Una vez más, la sentencia alude a que debe ser "el demandado a quien corresponde acreditar una reparación defectuosa, así como la necesidad de llevarlo a otro taller".

Así, la magistrada, que condena al Ayuntamiento a abonar la factura de 5.031 euros del primer taller más los intereses legales y las costas judiciales, considera que la versión del jefe de Policía "no es coherente ni verosímil".

Tercera sentencia con coste para las arcas municipales

"No es muy creíble que ante una insatisfacción en un taller, no se interpone queja ni reclamación alguna y simplemente se huya con el vehículo en cuestión, más aún sin haber firmado ningún documento ni de fin de depósito del mismo, como exige la normativa aplicable", argumenta la sentencia.

En un comunicado, APLB ha denunciado que es la tercera vez que las arcas municipales asumen condenas judiciales derivadas de la actuación del jefe de la Policía.