El director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, ha insistido en la necesidad de convertir la renovación del parque en piedra angular de la estrategia de descarbonización de la movilidad, en un contexto en el que la antigüedad media crece hasta los 13,5 años y las ventas de modelos de más de diez años superan en el 40% a las de vehículos nuevos.
De esta forma, durante su comparecencia en la subcomisión de Infraestructuras de Puntos de Recarga Eléctrica y de Hidrógeno en el Congreso de los Diputados, la patronal de vendedores y reparadores de vehículos abogó por una transición inclusiva hacia la movilidad cero emisiones en la que no se deje atrás a grandes capas de la población por motivos económicos, recordando que si "un conductor utiliza un vehículo antiguo no es porque quiere sino porque no tiene la capacidad para cambiarlo".
Así, en un momento en el que el vehículo electrificado se encuentra en proceso de maduración, Ganvam remarcó la necesidad de "dinamizar la demanda convirtiendo la movilidad eficiente en una opción asequible para todos los ciudadanos, lo que pasa por mejorar la eficacia de los actuales planes de ayudas que, hoy por hoy, se orientan a una minoría".
En este sentido, defendió el apoyo a la compra del eléctrico seminuevo como medida para convertirlo en una opción viable para las rentas más ajustadas, mientras esta tecnología haya madurado por completo. Según Barea, "un eléctrico de última generación con el máximo incentivo aplicado se sitúa en unos 40.000 euros, mientras que un modelo de tres años que puede costar el 50% menos, no cuenta con ningún tipo de ayuda. Al incluirlos en los planes, se dinamizarían las ventas, se aceleraría la consecución de objetivos y se garantizaría una transición justa en términos económicos y sociales”.
Eficacia de los planes
Asimismo, Ganvam también apuntó que para aumentar la eficacia de los planes debe ser más rentable entregar el coche antiguo para achatarrar que volver a ponerlo en circulación. Por su parte, también resulta básica una revisión de la gestión de los incentivos. En concreto, además de eliminar la tributación en el IRPF de las ayudas directas, aboga por recuperar su tramitación en el punto de venta para que el ciudadano salga del establecimiento con el descuento aplicado, siempre que la Administración garantice un reembolso ágil de las ayudas adelantadas por el concesionario.
En este sentido, recalcó el papel de vendedores y reparadores como dinamizadores de la movilidad eléctrica, calificándolos como el “puente” que conecta oferta y demanda y recordando que su conocimiento para llegar al usuario es la garantía para que la electromovilidad tenga el alcance deseado. “Con pedagogía y asesoramiento concienciamos al ciudadano y ayudamos a eliminar mitos y barreras, desde una posición 360: vehículo nuevo, vehículo de ocasión y posventa. Por eso es importante que la Administración también apoye la adaptación de las pymes de la distribución a las exigencias de la electromovilidad (formación, prevención de riesgos, adecuación de los espacios de trabajo...)”, afirmó Barea.
