España se mantiene a la cola de los países europeos en el indicador global de electromovilidad, tras crecer 0,6 puntos en el primer trimestre de 2023, hasta los 11 puntos de 100, lejos del crecimiento del conjunto de los países europeos, que mejoran 1,3 puntos de media y cierran el trimestre con una valoración de 23,8 puntos.
Así, según el barómetro de electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y recogido por Europa Press, el país se está quedando a la cola de Europa en electromovilidad y señala que hace falta un contexto favorable en torno al vehículo electrificado.
Además, la asociación pone de ejemplo la evolución de Portugal, que gracias a los incentivos fiscales y de impulso a la infraestructura de recarga ha impulsado su crecimiento en un 1,9 puntos.
Por otro lado, las comunidades autónomas que presentan mayores crecimientos son La Rioja (1,3 puntos), Madrid (0,9) y Navarra (0,9), mientras que las regiones en la cola nacional no han mejorado sus cifras respecto a periodos anteriores.
Avance lento
Anfac asegura que España avanza lentamente en materia de electromovilidad para la consecución de los objetivos fijados para 2023 en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia marcados
por el Gobierno, que fijan en 250.000 vehículos electrificados para este año. Según asegura la asociación, dada la evolución del mercado electrificado, que en el primer trimestre solo matricularon 25.447 unidades, cerraría el año en torno a las 100.000 matriculaciones.
En términos de la electrificación del mercado, España alcanzó el pasado trimestre una valoración de 17,4 puntos en el indicador de penetración de vehículo electrificado, que representa un crecimiento de 0,5 puntos respecto al período anterior. España es la penúltima en este ranking.
En cuanto a la infraestructura de recarga, se ha producido un crecimiento de 2.115 nuevos puntos, uno de los mayores crecimientos trimestrales recogidos por Anfac, y ya suman un total de 20.243 puntos de recarga en toda España. Sin embargo, el aumento registrado en este periodo es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado por la asociación de 45.000 puntos de recarga de acceso público, más "realista", dicen, que los 80.000-100.000 establecidos por el Gobierno para este año.
Todo esto sin contar los 6.475 puntos de recarga que se encuentran fuera de servicio por "dificultades administrativas", debido a que no se han podido conectar a la red de distribución o por encontrarse en mal estado.
España registró una valoración de 4,5 puntos sobre 100, con un crecimiento de 0,6 puntos, inferior al registrado por la media europea, que alcanza 10,6 puntos tras mejorar en 1,3 puntos.
Asimismo, aunque el total de puntos de recarga ha aumentado, la mayoría (1.537) de los puntos públicos son de carga lenta (máximo 22 kilovatios), representando el 73% de los nuevos puntos en la red pública actual. La red de recarga rápida o ultrarrápida, vinculada a potencias superiores 150 kW, ha crecido hasta alcanzar los 801 puntos de acceso públicos en total, de los que sobre el 85% son proyectos de fabricantes de automóviles.
Anfac pide "reaccionar rápido"
El director general de Anfac, José López-Tafall, ha asegurado que los fabricantes y las marcas de automoción están liderando el esfuerzo para cumplir los compromisos y objetivos de descarbonización y emisiones establecidos por la Unión Europea.
"Sin embargo, los datos registrados en el barómetro de electromovilidad de Anfac de los tres primeros meses del año vuelven a revelar que el ritmo es muy lento y que España se queda atrás", ha destacado el directivo de Anfac. "Esta lenta evolución debe revertirse si queremos que la movilidad cero emisiones en el sector de la automoción en España despegue y llegar a ser un hub de la nueva electromovilidad", ha añadido.
Además, López-Tafall considera que hay que "reaccionar rápido" si los datos dicen que se va "lento", mientras que propone varias soluciones: mejorar la eficiencia de los planes de ayuda, acelerar el ritmo de desarrollo de infraestructura pública y establecer un marco fiscal para que empresas y ciudadanos apuesten por la nueva movilidad.
