Hasta ahora en este blog, hemos analizado tres factores (la legislación, los convenios entre aseguradoras y la concertación entre talleres y aseguradoras) que influyen directamente en la relación entre talleres y aseguradoras y que son determinantes en la baja rentabilidad o pérdidas económicas que el taller tiene respecto a las reparaciones derivadas de siniestros de circulación. También se analizaba cómo las aseguradoras, aprovechando el desconocimiento de los asegurados y falta de formación e información por parte del taller, han establecido e impuesto mecanismos y procesos en la gestión de los siniestros de circulación que les permiten controlar y supeditar a todos los actores y profesionales que intervienen en un siniestro y, sobre todo, que limitan o eliminan los derechos de la gran mayoría de perjudicados en estos siniestros de circulación.

En este artículo, vamos a analizar desde nuestra experiencia, la figura de los peritos y el papel que tienen en toda esta encrucijada entre talleres y aseguradoras y cómo estos, en muchos casos, han llegado a una relación de confrontación directa con los talleres, y viceversa. Pero sobre todo, si esta confrontación es necesaria y útil para los intereses del taller.

¿Cuál es la misión de un perito con respecto a los daños materiales en un siniestro de circulación?

Al igual que ocurre con los factores que hemos analizado en los artículos anteriores, la falta de información y formación por parte del taller con respecto a la figura del perito y cuáles son sus competencias y sus obligaciones legales, ha llevado al taller, no sólo a asumir valoraciones que no cumplían con los requisitos técnicos y de costes necesarios, sin utilizar otras alternativas que existen, sino que en muchos casos, se han generado conflictos personales entre el taller y los peritos designados por las aseguradoras.  

¿Es esto necesario?

Lo primero es entender cuál es la función y misión del perito con respecto a la indemnización o reparación de un vehículo implicado en un siniestro de circulación, que no es otra, independientemente de la parte que contrate sus servicios (perjudicado o aseguradora), que la de verificar y valorar los daños provocado en el mismo bajo su criterio profesional, pero sin que esta tenga que ser definitiva, única y no reclamable.

Además, al emitir el dictamen o informe de estas valoraciones, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, tal y como establece el art. 335 de la LEC.

Es decir, el perito es un profesional independiente que se debe a su objetividad e imparcialidad para realizar valoraciones técnicas sin que estas de facto generen ningún perjuicio o beneficio a ninguna de las partes implicadas, independientemente de quien haya contratado sus servicios.

Y esto es lo que nos dice la teoría. Pero, ¿qué pasa en la práctica?

Las aseguradoras, al igual que pasa con otros actores o profesionales que intervienen en un siniestro de circulación, han conseguido crear una relación mercantil de dependencia absoluta del perito, llegando en muchísimos casos, a que los ingresos de un perito dependan al 100% de las aseguradoras y que su actividad esté supeditada al trabajo que le encargan estas. Esta situación ha originado que, incluso, muchos peritos tenga un sentimiento de pertenencia hacia las aseguradoras como si fuesen un empleado más de estas, lo cual, hace mucho más complicada esa objetividad e imparcialidad que el perito tiene que ejercer al realizar las valoraciones, y no sólo por este hecho, sino porque además en este país, hay aseguradoras que asignan a los peritos objetivos de gasto, controlan el coste medio de las valoraciones de los peritos y condicionan estas valoraciones imponiendo el precio de mano de obra, sin que ni siquiera el perito pueda modificar este parámetro en las plantillas de los programas con los que las realizan.

“El taller ha absorbido involuntariamente el perjuicio que se le hace a su cliente”

Y como resultado, un altísimo porcentaje de valoraciones realizadas por peritos designados por aseguradoras no cumplen con los requisitos de objetividad e imparcialidad a la que su actividad se debe. ¿Por qué?

• Por ejemplo, cuando un perito establece por defecto en su valoración un precio de mano de obra totalmente aleatorio y sin fundamento legal ni técnico y que está muy por debajo del precio legal establecido en el taller, no está perjudicando al taller, está afectando al perjudicado en el siniestro, ya que se le recorta el derecho a la indemnización para la total reparación de los daños provocados en su vehículo, tal y como establece el Código Civil.
  El responsable legal del pago de la factura al taller y de los precios legalmente establecidos y certificados por este es el propietario del vehículo (y no las aseguradoras), y tendría que ser este último el que pague la diferencia entre lo que ha recibido de indemnización por la valoración del perito y lo que legalmente el taller puede facturar por esa reparación. Y es evidente que esta situación, que afecta a un altísimo porcentaje de valoraciones de vehículos perjudicados, favorece a los intereses de las aseguradoras, en ese insaciable objetivo reducir el coste de indemnizaciones y de controlar el coste medio.

¿Y todos los peritos han claudicado a las directrices de las aseguradoras o son colaboradores voluntarios de estas?

No, evidentemente todos no, pero desde nuestra experiencia en la tramitación y gestión de reclamaciones por siniestros de circulación, podemos afirmar que existe un importante número de peritos en este país que son utilizados como esbirros para controlar y reducir lo máximo posible el gasto y coste de las indemnizaciones y reparaciones por daños materiales en los siniestros de circulación, y así poder sostener la nefasta y fallida estrategia comercial de primas de seguro especulativas e insuficientes para garantizar la totalidad de indemnizaciones que bajo el amparo derechos de los asegurados y perjudicados en siniestros de circulación en este país las aseguradoras deberían acometer.

La mayoría de estos casos son, sobre todo, en aquellos peritos cuyo 100% de su actividad e ingresos son dependientes de aseguradoras.