Los talleres de coches ilegales generan, anualmente, un fraude fiscal a la Hacienda Pública de cerca de 230 millones de euros, según ha informado la Asociación de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). Este fraude proviene, principalmente, del impago del IVA, que no se cobra al cliente final, pero también de la evasión de impuestos que es fruto de la propia actividad que realizan, como por ejemplo los tributos de Sociedades o el IRPF.

También se da el caso de muchos empleados que trabajan en estos centros sin el contrato legal pertinente. Estos trabajadores no cotizan, así que lo que se genera es un fraude laboral que puede generar pérdidas de hasta 112,5 millones de euros cada año a la Seguridad Social.

Las estimaciones hablan de que estos talleres ilegales son ya cerca del 20% del total, con un número de unos 10.000 negocios de posventa ejerciendo su actividad de manera ilícita. No atienden a los criterios técnicos requeridos por el Ministerio de Industria y Consumo, sin cumplir las obligaciones legales con Hacienda, la Seguridad Social y Medio Ambiente.

El sector de la automoción es el principal perjudicado por esta práctica delictiva, perdiendo en la posventa más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años. Unas cifras lamentables que, además, han provocado el cierre de más de 6.200 talleres en este periodo de tiempo. Cabe destacar que estas pérdidas afectan tanto a fabricantes automovilísticos como a compañías de compraventa de coches usados.

En los años comprendidos entre 2007 y 2013, el sector ha perdido alrededor de 12 millones de reparaciones anuales como consecuencia directa del déficit de matriculaciones, reduciéndose un 40% la cuota de vehículos menores de cinco años, que son los más rentables para el taller, y, el creciente e imparable ascenso del envejecimiento del parque móvil español.

Es por eso que los expertos y las autoridades advierten de la necesidad de confiar únicamente en centros legales para cualquier transacción o reparación de vehículos. La seguridad en las carreteras es una de las principales preocupaciones del Gobierno y algo por lo que todos los ciudadanos deben luchar.