El 9 de febrero, la Comisión de Industria del Parlamento Europeo votó a favor de su propuesta de enmiendas a la Ley de Datos. Esta legislación horizontal otorgará, a los usuarios privados y comerciales, el derecho de acceso a los datos de sus productos conectados y el derecho de transferencia de estos datos a terceros proveedores de servicios.

Gracias a las actividades de Ancera con los miembros españoles del Parlamento Europeo, y en cooperación con Figiefa, el texto se ha mejorado y propone que todas las empresas estén protegidas contra «cláusulas contractuales abusivas» o que el diseño de los productos haga los datos accesibles para el usuario. Además, los servicios de la posventa, incluida la reparación y el mantenimiento, están explícitamente incluidos. También se ha mantenido la exclusión de los "proveedores de plataformas centrales" dominantes. Es decir, estos grandes jugadores no se beneficiarían de los derechos de acceso a los datos en virtud de la Ley de datos.

Sin embargo, aunque el texto va en la dirección correcta, reconocen que todavía requiere que se preste atención en algunas disposiciones críticas, a saber, que los secretos comerciales y los datos entren en el ámbito de aplicación de la Ley de Datos, lo que podría crear inseguridad jurídica y socavar la ambición de esta legislación europea.

“En Ancera estamos satisfechos con el trabajo realizado en torno a la Ley de datos y la respuesta europea, gracias a nuestra colaboración con Figiefa y resto de organizaciones análogas a Ancera . Esperamos que finalmente se desarrolle una norma específica en el acceso a datos del automóvil que garantice a corto plazo un escenario equitativo y competitivo para la posventa” indica Carlos Martín, secretario general de la asociación.

La votación de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo representa el primer paso en el procedimiento legislativo de la UE. Durante los próximos meses, el Parlamento Europeo, el Consejo (Estados miembros) y la Comisión Europea se reunirán periódicamente e intentarán llegar a un acuerdo común sobre el texto en las llamadas “negociaciones tripartitas”.