Unos 1.500 euros. Ese es el dinero que le pidieron dos socios de un taller de carrocería de la provincia de Pontevedra a un inmigrante por hacerle un contrato de trabajo. La ocurrencia les ha costado una condena a un año de cárcel y multa de 900 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, deberá indemnizar con 1.000 euros al trabajador al que intentaron estafar. Los acusados le habían pedido los 1.500 euros por darle de alta en la Seguridad Social, dinero que nunca llegó a entregar, según explica la prensa gallega.