Carlos Martín es el nuevo secretario general de Ancera. Oficializado su nombramiento a partir del 18 de diciembre, y como parte protagonista de los cambios directivos y organizativos de la asociación nacional de recambistas, le tocó abrir las intervenciones en el tradicional almuerzo de Navidad de Ancera, celebrado ese mismo día.

Lo hizo para enumerar las principales actuaciones realizadas por la asociación en 2019 en relación a las normativas vigentes y venideras que más afectan a la posventa multimarca. El secretario general de Ancera avisó sobre las amenazas que se empiezan a vislumbrar en España y en Europa por la incertidumbre sobre el mantenimiento de la cláusula de reparación, que afecta a las piezas visibles del vehículo, y resaltó el esfuerzo realizado por la asociación para que se mantenga la situación actual, de absoluta liberalizacion del mercado en España.

Carlos Martín se refirió también a la aplicación, en septiembre de 2020, del nuevo Reglamento de Homologación de Vehículos, favorable a los intereses de la posventa multimarca al garantizar el mantenimiento del OBD como dispositivo de acceso a los datos (no a través de una plataforma telemática abierta); el acceso a la información técnica sin restricciones, con un sistema estandarizado y no discriminatorio para las reparaciones, y la identificación electrónica del recambio mediante el acceso a la base de datos de referencis del fabricante.

El secretario general de Ancera reclamó asimismo la necesidad de una comunicación birideccional y un acceso independiente a datos, recursos y funciones de vehículo para que el sector multimarca pueda ofrecer cualquier servicio. Y enfatizó que el usuario debe ser el dueño de los datos y el que debe elegir qué hacer con ellos.

Además, recordó que en 2023 expira el actual Reglamento Europeo 461/2010 (el Bloque de Exención) regulador de la distribución y posventa de vehículos, una norma que consagró que durante la garantía, el “quien paga elige el taller y el recambio a utilizar”. En 2020, Ancera participará muy activamente en los estudios y análisis que se realicen sobre la incidencia real de esta normativa casi diez años vigente con sus ventajas y deficiencias, de cara a su futura sustitución por una nueva legislación a nivel comunitario.