Faconauto ha apoyado que el PDeCAT haya retirado las dos enmiendas que presentó al proyecto de Ley Crea y Crece, que proponían, entre otros puntos, fijar un sistema de indemnizaciones para aquellos concesionarios de vehículos que se viesen obligados a cerrar en caso de cancelación del contrato de concesión por parte de los fabricantes.

Según un comunicado de la organización, la asamblea general de Faconauto, que se celebró este martes, avaló por unanimidad la retirada de la enmienda para iniciar un proceso de diálogo con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) con el objetivo de buscar puntos en común.

Así, desde Faconauto han mostrado su deseo de que el diálogo suponga un nuevo marco consensuado y que cuente con un amplio apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios.

"Este proceso, que ha de estar limitado en el tiempo, abre la oportunidad de resolver un problema en la automoción de nuestro país, en un momento de cambio en el que el sector en su conjunto necesita, más que nunca, certidumbre para poder seguir siendo competitivo", ha explicado la asociación.

Garantías mínimas

Faconauto ha mostrado su confianza en que el nuevo marco resultante asegurará la viabilidad de miles de pymes en España, que tendrán las "garantías mínimas" para seguir siendo "esenciales" para el empleo y la actividad económica de España.

Tras el registro de la enmienda el pasado mes de abril, el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, explicó que la enmienda daba respuesta a una reivindicación "histórica" y a una "deuda" que tenía el Congreso de los Diputados con los concesionarios, tras la paralización de la ley en 2011, y mostró su deseo de que recibiera el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias.

"Confío en que su aprobación contribuya a encontrar soluciones justas y consensuadas para salvaguardar las inversiones, el empleo y la competitividad de los concesionarios, de las pymes españolas, ayudando a su crecimiento", subrayó Pérez en declaraciones a Europa Press.

Además, señaló que la enmienda, que calificó como "positiva" para la automoción española, se hacía necesaria en un contexto en el que se producían cancelaciones de contratos "sin justificación alguna" y dejando a miles de familias pendientes de una solución.