Las acciones legales contra Volkswagen en España por el escándalo de las emisiones se están multiplicando.
A la demanda colectiva que la OCU inició y que engloba a unos 7.000 usuarios, se suma la petición de indemnizaciones que Legálitas exigirá al fabricante en los tribunales, en representación de 5.000 afectados.
Al respecto, la asesoría jurídica y legal recomienda a los usuarios que no reparen sus vehículos sin que antes les firmen en el taller un documento que reserve el derecho a ejercer acciones legales posteriores por daños y perjuicios, una vez que se determine la cuantía.
Legálitas ha explicado que, en caso de que el taller se niegue a firmar el documento, los usuarios tendrán que enviar un escrito a Volkswagen España mediante un burofax.
Además, una vez que sean reparados los vehículos, se realizarán pruebas técnicas para comprobar si los coches han quedado en perfecto estado y si cumplen con la regulación de las emisiones antes de exigir “las máximas indemnizaciones”.
Mientras, jueces de distintas ciudades están admitiendo a trámite las demandas presentadas por los letrados representantes de los propietarios afectados por el dieselgate, ante la pasividad de la compañía a la hora de ofrecer soluciones en el mercado español, a diferencia de lo ocurrido en EE. UU.
Al menos dos tribunales se están planteando la posibilidad de obligar a Volskwagen a devolver el precio de los vehículos, según las resoluciones a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Se abre, así, un escenario judicial nuevo en España, del que no se sabe su desarrollo ni su final, puesto que “aún no hay jurisprudencia firme”, comenta Jaime Navarro, abogado que representa a un centenar de usuarios.
No es el único letrado implicado en este asunto. Según El Confidencial, decenas de despachos de abogados de todo el país están trabajando en ello, por lo que el ‘dieselgate’ ya se está comparando con el caso de las preferentes o de las cláusulas suelo.
La abogada Dolores Anglada, que logró que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lleida admitiera investigar la reclamación de su cliente el pasado 19 de febrero, ha solicitado la “nulidad contractual” y reclama la devolución del dinero abonado por el vehículo o, en su defecto, una indemnización.
Otros representantes legales, como Miguel Guevara, cuya demanda se ha admitido a trámite en el Jugado de Primera Instancia número 4 de Alicante, exige “el importe abonado” y una indemnización por daño moral y perjuicios originados por la publicidad engañosa sobre las características del vehículo vendido.
Por su parte, Facua, en defensa de 41.700 afectados, tiene la intención de personarse como acusación popular en la investigación penal que instruye la Audiencia Nacional.
“Estamos estudiando si poner demandas colectivas, individuales o personaros como acusación particular para pedir la nulidad del contrato, la devolución del dinero y una indemnización por daños y perjuicios”, afirman desde la organización.
Los juzgados de Valencia y Madrid también han aceptado investigar las denuncias presentadas por el escándalo.
Ante este maremágnum, Volkswagen se ha limitado a afirmar que se opone a las demandas, porque “incorporan pretensiones sin ninguna prueba”, que “resultan injustificadas y del todo desproporcionadas”, basadas en informaciones “sensacionalistas” publicadas por los medios de comunicación estadounidenses.
