Finalmente, el BOE ha dado carpetazo a las aspiraciones del sector, totalmente en contra de este tributo, con la publicación de la ley 16/2013 de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Bajo este largo, "verde" y eufemístico nombre, se esconde un impuesto que gravará, entre otros, el uso del gas HFC-134A, utilizado frecuentemente por los talleres en las cargas de aire acondicionado.

La patronal sectorial Conepa avanzará en próximos días el alcance real de esta medida impositiva e impuesta desde Bruselas. La entidad ya emitió en su día su posición respecto a este impuesto, que se resumía en tres puntos. El primero es el "profundo rechazo" por afectar a la economía del sector y fomentar la economía sumergida.

El segundo es la incoherencia con la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados en la que se promueve la responsabilidad ampliada del productor del producto.

Y el tercero, la inexistencia de emisiones de gases fluorados debido a las nuevas tecnologías y al hecho de que la carga del aire acondicionado la lleven a cabo operarios cualificados. Por tanto, "uno de los objetivos del impuesto, que es la mejora ambiental, no se cumple y se convierte en una simple carga económica adicional".