Procesan a un matrimonio por hostigar durante un año a los dueños y empleados de un taller de Palma

Los acusados, un matrimonio, pretendían que el negocio cesara su actividad. La acusación particular pide para los imputados, un matrimonio, penas que suman tres años y medio de cárcel por un delito de acoso vecinal, tal y como afirma el diario Última Hora. Estuvieron, según relata la Fiscalía, durante algo más de un año hostigando a la propiedad y a los trabajadores de un taller mecánico para que el negocio cesara su actividad ya que le molestaban en su vida diaria. Tras no alcanzar un acuerdo en la vista previa, se fijó fecha para el juicio, que tendrá lugar el próximo mes de julio en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania.El Ministerio Público ha confirmado que los hechos se remontan a agosto de 2018, cuando las dos personas "molestas por la actividad del taller mecánico, ubicado en la calle Blanquerna de Palma, iniciaron un actuación constante de hostigamiento hacia los propietarios y los empleados del negocio". Desde la citada fecha y hasta abril de 2020 avisaron un total de 20 veces a la Policía Local presentando denuncias y quejas por ruido y suciedad. Los agentes realizaban las correspondientes sonometrías y concluían que todo estaba en orden.Cabe mencionar que uno de los acusados, en verano de 2018, se colocó delante de la puerta del taller e hizo sonar durante varios minutos una trompeta de forma estridente, destaca la Fiscalía en su escrito de acusación. Asimismo en junio de 2019, durante tres días consecutivos, ambos imputados, colocaron un megáfono en su casa y lo hacían sonar a distintas horas a gran volumen en el que expresaban "este ruido es ilegal, deja de picar" y "este compresor es ensordecedor, háztelo mirar y que deje de sonar".En noviembre de ese mismo año, el hombre se colocó delante de un coche que conducía un mecánico impidiendo que continuara la marcha. Días más tarde la mujer realizó distintas publicaciones en Facebook quejándose de la actividad de la empresa y de que no eran sancionados. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los acusados 5.400 euros por un delito de coacciones. La acusación particular, cárcel por un acoso vecinal.