La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por esta comisión. Además, Capa informa de que se han llevado a cabo simultáneamente otras investigaciones en distintos puntos de España como Barcelona capital y Gavá, Torremolinos (Málaga), Girona, Alicante, Oviedo o Vinaroz (Castellón).

En estas operaciones se ha intervenido numerosa documentación en discos duros de ordenadores, así como equipos de diagnosis y software preparados para ser enviados a diferentes lugares como centros de formación del automóvil, talleres de reparación, concesionarios o institutos.

En esta operación se han requisado numerosos equipos de diagnosis piratas y se ha detenido e imputado a 17 personas. En total, ocho investigaciones siguen abiertas y en siete de las causas que se instruyen actualmente se ha constatado actividad importadora de producto fraudulento.

Capa advierte de que el uso de estos equipos ilegales implica una vulneración de los derechos de propiedad industrial y supone un grave riesgo para la seguridad vial. Estos equipos utilizan un software no original, por lo que se pueden provocar desconfiguraciones al no garantizar la correcta comunicación con el vehículo.