La liberalización debe prevalecer en la prestación del servicio de ITV, tal y como se desprende de la actual legislación europea. Este es el meollo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula el concurso público de adjudicación del servicio en la comunidad y que recoge la prensa regional.

Este concurso había sido recurrido por la patronal de vendedores de coches catalana Fecavem y ahora el tribunal les ha dado la razón, estableciendo además que no se pueden establecer restricciones territoriales o de número de operadores. Por ese motivo, los concesionarios se consideran legitimados para entrar en el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos.

De hecho, el TSJC considera que la restricción cuantitativa de operadores privados es extrema, “sin que pueda adivinarse la razón ni se justifique esta limitación”. Además, cree que la duración de las concesiones no es proporcionada, en el marco de la directiva europea sobre liberalización de servicios, entre otros argumentos.

El sector de las ITV no ha tardado en responder a esta sentencia y reforzar su posición contraria a la liberalización del servicio (ver noticia). Su patronal AECA-ITV la recurrirá ante el Tribunal Supremo e insiste en que dicha sentencia no es firme.

AECA-ITV considera además que la inspección técnica de vehículos se encuentra fuera de la directiva europea en la que se ha basado el tribunal catalán para tumbar el concurso público de adjudicación del servicio.