Reparación | Una nueva ley cambiará la documentación del taller sobre residuos

Conepa advierte de las modificaciones que conlleva para los reparadores la nueva normativa sobre transporte de deshechos.

Una nueva norma cambia la documentación sobre residuos en el taller Una nueva norma cambia la documentación sobre residuos en el taller
Una nueva norma cambia la documentación sobre residuos en el taller

Una nueva legislación que introducirá cambios importantes en la documentación sobre gestión de residuos que generan los talleres. Así es el nuevo Real Decreto sobre Transporte de Residuos que aprobó el Parlamento la semana pasada y cuya publicación en el BOE es inminente, según explica Conepa.

La patronal ha estudiado el texto de la nueva ley e informa de las diferencias entre las obligaciones actuales de los talleres en esta materia y lo que tendrán que hacer una vez que la norma entre en vigor.

Así, hasta ahora los talleres tienen la obligación de archivar y conservar una serie de documentos en materia de residuos peligrosos: el contrato con una empresa autorizada para su recogida, cuyo contenido no especifica la normativa actual; documentos de aceptación; documentos de control y seguimiento (DCS); y un archivo cronológico.

La nueva norma contempla tres cambios fundamentales en esa documentación: ahora se especifica el contenido que debe tener el contrato de tratamiento de residuos. También el taller deberá cumplimentar y entregar al transportista un documento de identificación que acompañará al residuo en todo el traslado y que sustituirá al DCS.

Por último, el taller deberá enviar una notificación previa, con las exclusiones recogidas en el artículo 3 del real decreto, al menos diez días antes de que se produzca el traslado. También se podrá realizar una notificación general para múltiples traslados con una vigencia de tres años.

Los trámites se realizarán por vía electrónica, por lo que Conepa avisa a los talleres que no estén informatizados de que deberán ponerse al día con las tecnologías.

La patronal también indica que existe la posibilidad de autorizar al gestor para tramitar esa documentación, aunque todavía no se sabe cómo se llevará a la práctica. Por otra parte, las comunidades autónomas tendrán un régimen transitorio de dos años para adaptarse al nuevo escenario.

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