El fraude en el sector de la posventa de automoción es uno de los aspectos que, lamentablemente, une a todos sus actores. Desde fabricantes de componentes a talleres, pasando por recambistas, desguaces, operadores de neumáticos... todos sufren de algún modo el problema de la piratería o la competencia desleal.

En este sentido, los profesionales del sector que han participado en una de las mesas redondas del XII Foro de V.O. y Posventa, celebrado en Madrid y organizado por Ganvam, han pedido una mayor colaboración entre todos los sectores de la posventa para poder hacer frente al fraude que supone un grave problema no sólo económico, fiscal o medioambiental, sino también desde el punto de vista de la seguridad vial, tal como se ha puesto de manifiesto en dicho encuentro.

"Sensibilizar al cliente final, con el apoyo de las administraciones y asociaciones de talleres es la única forma de acabar con el fraude en el sector pues el usuario es el que acaba decidiendo si compra una pieza de dudosa procedencia y la instala en su vehícullo", ha señalado Jesús Castillo, director comercial de posventa de Continental.

Uno de los aspectos en los que ha incidido Castillo es el fraude en el bricolaje, que supone "un peligro para la seguridad vial, ya que no ofrece las mínimas garantías". Por ello, ha pedido una normativa más restrictiva que impida que se pueda vender a no profesionales componentes clave en la seguridad de los vehículos como frenos, amortiguadores... 

Por su parte, José Fernando Martínez, director general de Delfin Grupo ha defendido la transparencia y honestidad de los desguaces y las piezas usadas, frente a la imagen que posee dentro de la posventa. "Los desguaces han sufrido una gran transformación desde el año 2002, yendo incluso por delante de la normativa para poder competir en calidad, garantía y servicio en el mercado", ha asegurado.

Martínez ha defendido a un sector "muy avanzado en control y procedimiento de stock y desmontaje, con una importante autorregulación por la "feroz" competencia y se ha lamentado de la imagen que provoca en el sector el fraude de algunos operadores y de plataformas y webs en internet que ofrecen recambio usado que no tiene ninguna garantía ni control.

Mientras, Julián Madruga, director de Relaciones con Empresas Adheridas de Signus, quien ha recordado que el año pasado el SIG tuvo que hacer frente a la recogida de "37.000 toneladas de neumáticos que nadie declaró, ni financió su gestión".

Madruga destacó que unos 3,5 millones de neumáticos están sin control, en su mayoría procedentes de la importación y de transacciones intracomunitarias, que empresas que no los declaran ponen en el mercado, ya sean nuevos, usados o recauchutados.

"La crisis ha traído una nueva demanda de neumático. Se estima que entre 2 y 2,5 millones de neumáticos usados se introducen en el mercado, eso sí, algunos de ellos sí se declaran", ha puntualizado.

El representante de Signus ha señalado que los grandes perjudicados del fraude en el neumático, que en demasiadas ocasiones acaba en vertederos ilegales son el cliente final, el medioambiente y los propios productores.

Los participantes de la mesa redonda también han hablado sobre la incidencia de los talleres ilegales, contra los que la única arma que se puede utilizar es la denuncia, algo que han animado ha hacer todos los ponentes.

Durante la celebración de la mesa, se ha destacado ademá el papel que ejercen las administraciones en la lucha contra el fraude. Los participantes han lamentado que, pese a la receptividad frente al problema del fraude en el sector, en muchas ocasiones no se actúa con la celeridad o contundencia que se debería.

En este sentido, se ha puesto el foco en el cliente final que es quien, en última instancia, decide si 'alimenta' el fraude. Por ello, se ha destacado la necesidad de poner en marcha campañas de sensibilización y que los actores de la posventa pongan de su parte para evitar el fraude: recambistas, talleres, desguaces, productores de neumáticos...

Para concluir, los participantes en el encuentro han coincidido en la necesidad de una mayor colaboración entre los distintos actores de la posventa para poder hacer frente al fraude, cada uno en su área y para poder tiener una "única voz" antes las administraciones.