Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a Hacienda de unos 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los tributos derivados de su propia actividad, como son los impuestos de Sociedades e IRPF, según denuncia Ganvam.

Estos centros ilegales, con los cálculos de la asociación de vendedores y reparadores, representan ya al 20% del total, alrededor de 10.000 negocios de posventa, que estarían actuando al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones fiscales, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.

Asimismo, según estima Ganvam, estos centros clandestinos también estarían incurriendo en un fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tendría una media de 1,5 empleados que carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan.

Para esta asociación, al margen de los perjuicios económicos que genera esta actividad sumergida, los talleres piratas también tienen un impacto negativo para el propio sector. Concretamente, según Ganvam, esta competencia desleal habría generado a la posventa unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros en los últimos seis años. En este periodo, la facturación en el sector de la reparación retrocedió cerca del 30%, lo que explicaría que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este periodo.

En total, según Ganvam, este sector ha perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales por la caída de las matriculaciones que ha reducido el 40% la cuota de vehículos menores de cinco años -los más rentables para el taller-; y por el envejecimiento del parque, donde cerca de un 50% supera los once años. Esto se traduce en menos pasos por el taller, limitando las visitas a las reparaciones estrictamente necesarias.