El BOE acaba de publicar la Ley 4/2015, de 25 de Junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, aprobada recientemente por el Parlamento Vasco (BOPV núm. 123 de 02 de Julio de 2015).

Aunque su ámbito de aplicación es el País Vasco, las medidas introducidas en el texto legal en materia de protección del entorno y de gestión de suelos contaminados "hacen interesante su estudio a nivel global", según indica el Área de Medio Ambiente de Conepa.

De momento, desde patronal de talleres se ha hecho una primera valoración de la norma, si bien anuncia que para el análisis detenido de sus repercusiones en el sector de la reparación y mantenimiento de vehículos "habrá que esperar su desarrollo reglamentario, que fijará más detalladamente las obligaciones tanto de los titulares de los suelos afectados como los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo".

Conepa indica son dos las novedades principales que se introducen en la nueva regulación. Por una parte, se establece una clasificación para las actividades potencialmente contaminantes del suelos (en la que los talleres están incluidos) en tres categorías según si el potencial contaminante es alto, medio y bajo.

Por otro, con el objeto de agilizar la intervención administrativa en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, se establece una dualidad de procedimientos en materia de calidad del suelo: el de declaración de la calidad del suelo, que tiene por finalidad validar la adecuación del suelo al uso propuesto, y el de declaración de aptitud de uso del suelo, procedimiento más sencillo que tiene por finalidad validar la aptitud del suelo exclusivamente para uso industrial.

La norma establece una serie de instrumentos de la política de suelos responsabilidad de las administraciones públicas con el fin de hacer efectivos los principios que inspiran sus actuaciones en la materia.

Tales instrumentos son el inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo; el plan de suelos, que fijará las directrices y prioridades de actuación; el Registro Administrativo de la Calidad del Suelo, que facilitará el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de medioambiente; las entidades acreditadas en investigación y recuperación de suelos; las ayudas económicas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, y los mecanismos de financiación pública.