La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado al presidente de Conepa, que será el Ministerio de Industria, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la entidad competente para el estudio de la regulación normativa de los talleres móviles.
La patronal ha hecho llegar a la titular del departamento, Begoña Cristeto, un informe de su posición al respecto, así como copia de los documentos que se han intercambiado con la Administración durante este último año con el objetivo de "acelerar al máximo el estudio de situación y el inicio de los trámites pertinentes para regular una actividad más que dudosa en el marco jurídico actual", según comunica Conepa.
"La decisión de la vicepresidenta nos parece adecuada, pues, a nuestro juicio, este es claramente un tema de Industria y, según nuestra opinión, no debe ser afrontado de otra manera que no sea en el marco legal general de los talleres de reparación", señala Ramón Marcos, presidente de la patronal.
Alertada por el "crecimiento de oferta de servicios de taller a domicilio con el apoyo de vehículos (para el traslado de herramientas y piezas)", Conepa ha recordado en un comunicado que manifestó su "inquietud" en su día ante Industria. En base a un informe específico de la Abogacía General del Estado, señala la federación, "el Ministerio concluyó que los conocidos popularmente como 'talleres móviles' no están afectados por el marco normativo del sector reparador español (Reales Decretos 1457/86 y su adecuación a la directiva de servicios 455/2010, ambos redactados en su día por Industria). Ante la supuesta y peligrosa 'alegalidad', la patronal urgió a que se diera respuesta a lo que, a su juicio, es "una clara manifestación de competencia desleal para las empresas del sector".
Valorando también las repercusiones de la actividad en el medioambiente, en las relaciones con el consumidor, e incluso en el encuadre de su actividad económica, la federación de talleres recurrió en enero de este año a la vicepresidenta del Gobierno para solicitar la "coordinación de todas las administraciones implicadas en la regulación de la actividad". Tras varios intercambios de información, Sáenz de Santamaría ha decidido que sea Industria quien lidere el estudio de la regulación.
Las actividades de los talleres móviles para las que Conepa pide regulación son, a juicio de la Administración, diferentes a las recogidas por los RD 1457/1986 y 455/2010, que regulan la actividad de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y que sí contemplan la asistencia en carretera como actividad dependiente de un taller con establecimiento físico, aunque realizada fuera de él.
En la situación actual, además de urgir a la "clarificación de todos los conceptos expuestos", la patronal considera que, 'alegal' o 'ilegal', la actividad de los 'talleres móviles' supone una "clarísima competencia desleal para los más de 45.000 talleres existentes en España, que no sólo cumplen los requisitos del RD 1457/86 y RD 455/2010, así como las regulaciones autonómicas (en su caso), sino el resto de la abundante normativa que les afecta tanto como empresarios en general, como de talleres de automóviles en materia de medioambiente, consumo, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, etc".
Por otra parte, que, a efectos de Industria, no se considere las actividades de los 'talleres móviles' como ilegales, "no quiere decir que no lo sean en función de las normativas vigentes derivadas de otras administraciones, especialmente las competentes en materia de Medio Ambiente, pero también las ordenanzas municipales (que normalmente no permiten que se hagan reparaciones en la calle), la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales en los talleres o las obligaciones en materia de protección de los derechos de los consumidores", concluye la patronal.
