El 1 de julio de 2015 entrará en vigor la reforma del Código Penal, publicada en el BOE de 31 de marzo de 2015, según acaba de recordar Capa (Comisión Antipiratería para el Automóvil). Esta reforma supone, según el Preámbulo de la Ley (apartado XVII), "reforzar la protección que se quiere brindar a los titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual".
Esta ampliación de la protección se logra legalmente y de manera concreta por varios medios que enumera Capa: ahora, por ejemplo, se recoge de manera clara y expresa que será penado quien de cualquier modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra de propiedad intelectual. Tal sería el caso de talleres que usen obras y/o software piratas.
Además, se sustituye la exigencia del ánimo de lucro de quien explota la obra de otro, siendo ahora suficiente el "ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto". También se agravan las penas de prisión, llegando ahora a poder establecerse penas de 4 años para el delito básico y de 6 cuando se dan determinadas circunstancias agravantes, según señala Capa.
De este modo, usar un software ilegal es delito y aunque hasta ahora era la empresa quien respondía de él, según la nueva normativa ya aprobada, a partir del 01/07/2015 serán los administradores los que responderán personalmente.
Según el nuevo artículo 31, será el administrador de una empresa quien responda ante la ley: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, (…), si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”
En definitiva, según comenta Capa, la entrada en vigor de la reforma del Código Penal "tiene claras consecuencias favorables a la persecución y represión de la explotación no autorizada de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de los miembros de Capa por parte de terceros. Consecuencias que los asesores legales de la firma, sin duda, harán valer, ante los tribunales, a partir del próximo 1 de julio".
