Conepa se ha vuelto a dirigir a la secretaria de Estado de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, para recordarle la necesidad de la regulación de los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos realizados fuera de los talleres que, hasta ahora y con la excepción del auxilio en carretera, se encuentran en "un limbo jurídico" que, a juicio de la patronal, "da lugar a situaciones de competencia desleal en el mercado".

La nueva llamada de Conepa a la puerta de Industria se produce seis meses después de que la vicepresidencia del Gobierno remitiese el estudio del asunto al Ministerio de Industria y la federación de asociaciones de talleres hiciera llegar a dicho organismo un informe con sus puntos de vista y copia de los documentos intercambiados durante 2015 con el departamento de Sáenz de Santamaría, "así como su disposición a colaborar".

En este lapso, Conepa asegura que "no ha recibido respuesta de Industria y sí frecuentes llamadas de otras instituciones públicas y privadas preocupadas por la situación e interesadas en la regulación de la actividad".

A todas ellas, "les hemos pedido que se dirijan de manera directa a la Administración competente, la encargada de estudiar un marco jurídico adecuado”, señala Víctor Rivera, secretario general de la federación de talleres, quien recuerda que Conepa considera que "la situación de los talleres móviles debería ser afrontada en el marco legal general de los talleres de reparación (RD 1457/86 y 455/2010)”.

Alertada por el crecimiento de la oferta de servicios de taller a domicilio con el apoyo de vehículos (para el traslado de herramientas y piezas), Conepa manifestó "su inquietud" al Ministerio de Industria. En base a un informe específico de la Abogacía General del Estado, recuerda Conepa, "el Ministerio concluyó que los conocidos popularmente como 'talleres móviles' no están afectados por el marco normativo del sector reparador español".

De este modo, ante la "supuesta y peligrosa alegalidad", la patronal de talleres urgió a que se diera respuesta a, a su juicio, "una clara manifestación de competencia desleal para las empresas del sector".

Valorando también las repercusiones en el medioambiente, en las relaciones con el consumidor, e incluso en el encuadre de su actividad económica, Conepa recuerda que en enero de 2015 recurrió a la vicepresidenta del Gobierno "para solicitar la coordinación de todas las administraciones implicadas en la regulación de la actividad. Tras varios intercambios de información, Sáenz de Santamaría consideró que Industria debía liderar el estudio de la regulación".