El presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Ciudad Real, Miguel Ángel Rivero, cifra en unas 40 las denuncias que desde la organización registraron en 2015 en la Inspección de Trabajo y en el Seprona contra talleres que operan fuera de la legalidad en la provincia. "El 30% más" que las que se registraron en todo 2014, según aseguró Rivero a La Tribuna de Ciudad Real.

Con precios que en muchos casos suponen al cliente un ahorro "de hasta el 50%" respecto a un taller oficial y que prestan servicio desde cocheras particulares o parcelas a las afueras de los pueblos, este tipo de actividades, Rivero aseguró que están haciendo "un gran daño" a un colectivo que ya de por sí está muy tocado por la crisis.

Recientemente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, mantuvo una reunión con representantes de la Federación regional e Empresarios de Automoción, en la que estuvo presente Miguel Ángel Rivero. El objetivo era trasladar a la Administración autonómica su preocupación por esta práctica y también por la venta ilegal de vehículos en la calle.

El daño, explicó Rivero, va más allá de las pérdidas económicas que conlleva para los profesionales que registran sus talleres en Industria. El uso de herramientas que no son las idóneas para hacer reparaciones de envergadura, como pueden ser piezas de dirección o suspensiones, "ponen en riesgo la seguridad vial", sin olvidar el daño al medioambiente con el vertido de residuos en lugares no habilitados.

"El problema es que desde la Administración no se realiza un seguimiento y control oportuno", indicó Rivero quien aseguró que para luchar contra estas prácticas -más habituales en la capital donde pasan más desapercibidas y "que van en contra del propio cliente y su seguridad"-, la mejor opción es concienciar mediante campañas, con las que el Gobierno autonómico se comprometió a ayudar.