Francisco García Sanz, vicepresidente de Compras a nivel mundial de Volkswagen y miembro del Consejo de Administración de la compañía, exigió por carta al ministro de Industria, José Manuel Soria, la retirada inmediata de la suspensión impuso el Gobierno español tras salir a la luz el dieselgate, a cambio de mantener las inversiones previstas en España.
El Ejecutivo de Rajoy, tras conocerse la manipulación de las emisiones de los vehículos de Volkswagen, había anunciado la suspensión de la autorización a la empresa para vender los vehículos afectados por la manipulación.
La misiva en la que el directivo español de VW presiona a Soria, y a la que ha tenido acceso El Español, se envió el 9 de octubre, al día siguiente de que Soria mantuviera una reunión en Alemania con la cúpula de Volkswagen, en la que el CEO Thomas Müller le garantizó que la compañía mantendría el programa de inversiones previsto para España.
Durante las semanas siguientes, Soria se reunió también con los sindicatos de las plantas de Volkswagen en España y el mensaje tras todas ellas siempre iba en la línea de que las inversiones estaban aseguradas.
En dicha carta, García Sanz apuntaba que la compañía se estaba replanteando las inversiones tras la medida de suspender las ventas de coches trucados que impuso el ministerio sobre la empresa. Una medida que frenaba las homologaciones de aquellos vehículos que todavía no habían salido del stock de fábrica.
No obstante, solo el levantamiento de la sanción haría que "el Grupo Volkswagen confirme el mantenimiento del plan de inversiones para sus plantas en España anunciado el pasado mes de mayo". Finalmente, semanas después el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tomó una solución intermedia levantando parcialmente la suspensión sobre los vehículos trucados a la mitad de ellos.
José Manuel Soria respondió al directivo de la automovilística alemana mostrando su "gran preocupación, por las implicaciones que estas actuaciones pueden tener y haber tenido en la contaminación ambiental, en la capacidad industrial de vuestra empresa y en el impacto que puede tener no solo para vuestro grupo, sino para la industria de la automoción en su conjunto". El ministro terminaba en la carta pidiendo a Volkswagen "soluciones ágiles, eficaces y posibles a un problema tan serio como este".
Tras conocerse esta información, la OCU ha estimado "inceptables" estas presiones y condiciones "pues el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los consumidores no deben ser en absoluto negociables".
Ante este tipo de presiones, la organización de consumidores considera que la respuesta de las autoridades "debe ser rotunda, rechazando la imposición de condiciones por parte de quien ha reconocido el incumplimiento de sus obligaciones".
Además, OCU opina que "se debe exigir al grupo Volkswagen la reparación inmediata de los vehículos afectados". En este sentido, la organización ha vuelto a recordar que sigue sin haber "ningún tipo de respuesta" por parte de Volkswagen ni a la cuestión de la reparación ni a la de la compensación a los consumidores y anima a estos a unirse a la demanda colectiva "para exigir estas últimas".
