En las próximas semanas se iniciará el juicio por la trama empresarial en la que concesionarios de varias provincias, dedicados a la compraventa de vehículos que importaban desde Alemania, llegaron a defraudar un total de 25 millones de euros a Hacienda entre 2005 y 2007.
La fiscalía considera al cabecilla de la red a un empresario toledano afincado en Pamplona, José María M.P., y solicita para él una pena de 27,5 años de cárcel y una multa de 76 millones de euros por defraudar solo en un concesionario casi 5,9 millones de euros.
Para el resto de los acusados se pide: J.B.B., 48 años, administrador de la trama en la zona de Madrid, 5 años de cárcel y una multa de 7,6 millones de euros; Francisco V.D., de Valencia, 2,5 años de cárcel y 7 millones de multa; Luis C.L., valenciano, 7,5 años de prisión y 7,2 millones de multa; Raúl M.A., de Madrid, y Fidel H.G., 2,5 años de cárcel a cada uno y 1,2 millones y 1,6 millones, respectivamente, de multa.
También hay una mujer acusada, Teresa V.C.C., madrileña y vecina de Gandía de 41 años, por la que la Fiscalía pide 30 años de cárcel por colaborar de forma activa en el entramado realizando transferencias al empresario pamplonés a cambio de una remuneración económica.
Por otro lado, al empresario pamplonés se le acusa de crear un entramado de empresas para adquirir vehículos en la Unión Europea y, así, evitar el pago de impuestos y ocultar dichas transacciones a la Agencia Tributaria y, en su caso, a las Haciendas forales.
El fiscal pide 2,5 años de cárcel por cada una de las once empresas en las que se presume que participaba el acusado y cuyas transacciones rondaron los 156 millones de euros.
Según investigaciones oficiales, el empresario creó varias empresas ‘trucha’ (sociedades limitadas, sin apenas capital, que compran coches en la UE sin pagar IVA) y empresas ‘pantalla’ (a través de ellas las ‘trucha’ transmiten el producto adquirido en facturas con IVA, que no es declarado ni ingresado en Hacienda).
El acusado pamplonés, según Noticias de Navarra, figura detrás de todas las empresas.
Una de estas sociedades, ubicada en Torremolinos, se dedicaba a la limpieza de interiores y amplió su objeto social para realizar compraventa y alquiler de todo tipo de vehículos. Así, en 2005 adquirió coches por valor de 59 millones de euros y defraudó 9,5 millones.
Durante la intervención policial, se captaron los activos patrimoniales de 17 sociedades y personas físicas, 22 cuentas bancarias, 65.000 euros, siete inmuebles, una finca rústica y 33 vehículos de gama alta.
