La OCU ha realizado una encuesta a los más de 10.500 afectados por el escándalo 'dieselgate' de Volkswagen que se inscribieron en la campaña de movilización que OCU, junto a sus "organizaciones hermanas" en Bélgica, Italia y Portugal, puso en marcha para defender los derechos de los consumidores, según ha anunciado en un comunicado.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, estos revelan "los graves perjuicios que el escándalo 'dieselgate' está teniendo para los afectados, sobre todo para aquellos que, pese a las recomendaciones de OCU, acudieron a la llamada que hizo Volkswagen y llevaron sus coches al taller para someterlos a una actualización del software, previamente trucado por la marca", explica la organización.
En concreto, OCU señala que, en España, la mayoría de los afectados siguió sus recomendaciones y "apenas" dos de cada diez encuestados llevaron su coche al taller para actualizar el software, frente a porcentajes que rondan el 70% en los demás países, "aunque esta decisión también ha estado motivada por la regulación particular de cada estado", apunta.
Sin embargo, el 45% de los propietarios que acudieron a la revisión notó cambios a peor tras la actualización del software, en la mayoría de los casos en el periodo inmediatamente posterior al arreglo. De ese 45%, más de la mitad (el 55%) declara que el consumo de combustible era mayor tras la revisión, el 52% afirma que el motor perdió potencia y el 37% que el ruido del motor era menos suave que antes, según la encuesta.
Además, los datos también indican que el 13% de quienes actualizaron el software se vio obligado a hacer una reparación y el 10%, aunque no la ha hecho, cree que sería necesario. Asimismo, en el 42% de los casos, estas reparaciones tuvieron que ser costeadas total o parcialmente por los propios consumidores, con cantidades que, "en el caso de España, han supuesto 1.160 euros de media, la cifra más cara en comparación con los otros tres países donde se ha realizado el estudio".
Por otro lado, la OCU recuerda que, ante este fraude de manipulación del software para pasar las pruebas de emisiones a las exigencias legales, "la casa Volkswagen se ha negado en Europa a fijar indemnizaciones a los afectados de forma amistosa, algo que en Estados Unidos sí ha hecho, aunque la cuantía está aún por concretar".
Ante esta situación, OCU manifiesta que espera que sus acciones judiciales las de las demás organizaciones de consumidores integradas en el grupo Euroconsumers, por las que se pide una compensación mínima de 3.000 euros por vehículo afectado, se resuelvan de forma favorable para los consumidores. De momento, el grupo celebra que la demanda colectiva interpuesta por Test-Achats haya sido admitida a trámite en Bélgica y OCU espera que la justicia española siga el ejemplo y acepte también la suya.
