90 talleres ilegales denunciados en un año, de los cuales uno estaba situado en un chalé, con todo tipo de maquinaria. Este es el panorama que ha enfrentado la patronal Aspa de Asturias en los últimos doce meses, organismo que lamenta que muchas de estas denuncias quedan sin sanción porque las administraciones competentes no actúan con agilidad.

Según explica Aspa, las denuncias se suelen atascar en la maraña burocrática de la administración, ya que dependen de tres departamentos del Principado (Medio Ambiente, Consumo e Industria). Así, reclama mayor agilidad para su procesamiento, ya que estos establecimientos causan graves daños a la sociedad.

A pesar de haber documentado la existencia de casi un centenar de establecimientos en el último año, Aspa asegura que existen muchos más en funcionamiento, de los cuales se suelen hacer cargo personas en paro o jubilados.

También denuncia que muchos de estos “chollistas”, como se les denomina en la zona, vuelven a abrir en otro local distinto después de ser sancionados. Según Aspa, la normativa prevé para este tipo de negocios la clausura del local y hasta 10.000 euros de sanción.