El jurado ha considerado culpable de los delitos de falsedad documental y fraude al que fuera subinspector de la Policía Nacional de Huelva en 2013 y encargado del área de Automoción, que obligó al responsable de un taller de reparación a inflar facturas de las reparaciones de la flota de los vehículos policiales.

A falta de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dicte sentencia, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han retirado la acusación de delito continuado de falsificación de documento público-mercantil y le han imputado falta de estafa, por lo que la petición de condena se ha reducido de tres años a un año y diez meses de prisión.

A la pena de cárcel (que previsiblemente no cumplirá por ser inferior a dos años) se le suma la inhabilitación como policía nacional o de cualquier otro cargo público y al pago de una indemnización de 476 € (cantidad estafada a la Dirección General de la Policía).

Durante el juicio, que ha durado dos días, el responsable del taller alegó que el condenado le pidió que inflara las horas de mano de obra de las facturas y que el sobrecoste se lo entregaba en mano, en pequeñas cantidades; algo que reconoció en su declaración el propio policía.

El jurado ha encontrado probado el incremento ficticio de facturas por valor de 476 €, de los que 264 € fueron destinados a comprar material para la unidad a su cargo y los 212 € restantes no tienen un fin determinado.