Fremm ha anunciado que estima la existencia de 300 talleres ilegales en la Región de Murcia, pese a que la Mesa contra la Economía Sumergida lleva ya tramitadas más de 200 denuncias, según reveló José García de la Cruz, presidente de Gretamur, durante la 'XXVI Jornada y Exposición Técnica de Talleres' celebrada recientemente en la sede del Metal.
Con el objetivo común de hacer frente a esta economía sumergida, Fremm y Gretamur trabajan en la puesta en marcha de las campañas 'Mi taller de confianza' y 'Yo soy legal', que incidirán ante los ciudadanos en las ventajas de acudir a un establecimiento cuyo servicio y garantías son plenas; lo que certificará un sello de calidad otorgado por la comunidad autónoma, según explicaron las entidades.
Asimismo, De la Cruz adelantó a los empresarios asistentes al encuentro que se está trabajando para que los vehículos que no pasen en primera instancia la ITV deban portar en su revisión posterior un certificado de que las deficiencias han sido corregidas por un taller legal.
Esther Marín, directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, confirmó durante la inauguración esa colaboración estrecha con el sector de talleres en la tarea de erradicar la economía sumergida. En este sentido, indicó que en 2017 se dieron de alta 95 nuevos talleres de reparación de vehículos y otros 20 ampliaron sus instalaciones, lo que supone casi 5 millones de euros.
También anunció la nueva normativa ITV para el próximo 20 de mayo, que endurece a la actual, además de alabar la relevancia económica y en términos de empleo de las empresas de talleres de reparación de automóviles.
Por otro lado, el presidente de Fremm, Alfonso Hernández, también subrayó la necesidad de un nuevo Plan Pive para sustituir o reducir la caída en ventas que tendrán los vehículos diesel; dedicando la mayor parte de sus palabras a resaltar la importancia de la innovación y la digitalización en permanente cambio como consecuencia de las nuevas tecnologías. También aludió a la recién constituida Mesa de la Automoción, que tiene en la lucha contra la economía irregular y el código de buenas prácticas sus primeras tareas.
