En el marco de las investigaciones sobre emisiones contaminantes de los vehículos que se están llevando a cabo en Francia, la Dirección general francesa de competencia, consumo y fraude (DGCCRF) ha registrado las instalaciones del Grupo PSA y ha requisado algunos materiales para su investigación.

Al respecto, el fabricante ha defendido en un comunicado que sus automóviles cumplen con las exigencias europeas, por lo que ofrece su “total cooperación” con las autoridades, al tiempo que ha recordado que, desde finales de 2015, publica los resultados de consumo real como parte de su estrategia de transparencia.

Además, el consorcio asegura que la tecnología incorporada a sus motores diésel BlueHDi (con reducción catalítica selectiva para el tratamiento de óxidos de nitrógeno -NOx-) y que monta en sus vehículos desde finales de 2013, cumplen con la normativa Euro 6.

Mientras, al otro lado del Atlántico, el juez encargado del caso Volkswagen en EE. UU., Charles Breyer, ha informado de que el grupo alemán ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia del país en relación a los 600.000 vehículos afectados por el ‘diselgate’.

El “plan concreto” incluye, según el juez, la posibilidad de reparar los modelos afectados y, como apuntaban las filtraciones conocidas ayer, la opción de recompra.

Así, Volkswagen ha propuesto recomprar los 482.000 vehículos afectados que montan el motor diésel 2.0 y la posibilidad de reparar (siempre y cuando las soluciones técnicas obtengan la autorización de las autoridades) o cancelar el préstamo contratado.

Por otro lado, la firma automovilística contempla la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares (más de 8.800 millones de euros) a modo de compensación medioambiental y “sustanciosas compensaciones” para los propietarios afectados (algo más de 4.400 euros), tanto como si los devuelven a la empresa como si los reparan.

Lo que no se sabe aún con certeza, según Breyer, es qué pasará con los cerca de 90.000 coches con motor 3.0, por lo que no se descartan posibles multas “expeditivas” por parte del Departamento de Justicia.

Con este paso, el nuevo calendario marca el 21 de junio como fecha límite para que Volkswagen y las autoridades estadounidenses consigan un “decreto de consentimiento” público, antes de que se pongan en marcha las soluciones.

Con la noticia del acuerdo, la OCU ha vuelto a tomar la palabra, para exigir al fabricante que “ofrezca las mismas compensaciones y soluciones a sus clientes europeos”.

Y reclama a Volkswagen que cumpla los plazos anunciados para la reparación de los coches afectados; unos plazos “reiteradamente incumplidos sin que desde Volkswagen se informe de las razones exactas”.

Asimismo, la organización de consumidores considera “preocupante” la “laxitud que muestran los gobiernos europeos y los organismos de la Unión Europea”, frente a la actitud de las autoridades norteamericanas.

El panorama de los escándalos de automoción por los fraudes de emisiones y consumos se completa con Mitsubishi, pues después de conocerse que el fabricante japonés falseó los resultados de consumo de más de 600.000 vehículos, ha perdido en bolsa el 19,4% en un solo día.

La caída experimentada en la cotización se suma al desplome del 15,1% del día anterior, lo que quiere decir que la marca ha registrado una caída del valor de sus acciones del 34,5% en los dos días posteriores al anuncio.