Volkswagen continua batallando en los tribunales para defenderse ante las demandas que los afectados por el caso del dieselgate han interpuesto en los últimos meses. Las víctimas reclaman a la enseña la devolución del dinero o la sustitución de su vehículo afectado.

Hace un año se destapaba el escándalo de las emisiones contaminantes en los vehículos fabricados por compañía alemana cuando la Agencia Medio Ambiental de Estados Unidos afirmaba que esta empresa había trucado los motores para que los test realizados en los controles de pruebas reflejaran unos niveles menores de gases contaminantes.

Hasta ahora, de las siete sentencias dictadas por los jueces en España, solo una condena a la firma, la cual ya se ha recurrido en la Audiencia Provincial de Valladolid, dejando aún abierta la vía civil.

En dicha resolución, según un artículo publicado en El Confidencial, se especifica que la enseña infringió sus "deberes de buena fe" y atentó contra "la confianza del consumidor", al introducir en algunos de sus vehículos diésel el mencionado software que permitía exceder los límites medioambientales establecidos por la Unión Europea sin ser detectados por los bancos de pruebas.

La mencionada sentencia, que obliga a pagar a la multinacional 5.006 euros, señala que "no parece razonable que una marca de prestigio considere aceptable llevar a cabo tales prácticas engañosas como algo propio de su actividad empresarial".

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet (Valencia) dictaba el pasado 10 de noviembre una sentencia que desestimaba la demanda de la propietaria de un Audi A1.

En su resolución, el juez indicó que el coche se compró sin mostrar interés alguno por las emisiones. "Como la empresa tenía el vehículo en stock, ese mismo día le hizo una oferta y ella la aceptó, acordándose el pedido a continuación", según la sentencia, que asegura que la adquiriente únicamente se preocupó del modelo, la rapidez en obtenerlo y el precio final, y no de sus efectos medioambientales.

El resto de las resoluciones emitidas en nuestro país siguen esta tendencia de desestimar las reclamaciones de los usuarios con argumentos en los que los tribunales aducen la voluntad de Volkswagen en dar una solución técnica, haciéndose cargo de los costes que conlleva.

Por otro lado, por la vía de lo penal, el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional instruye una causa contra la compañía por delitos de fraude, fraude en las subvenciones y delito contra el medio ambiente.

En España, hay casi 700.000 vehículos afectados por los motores trucados, según Volkswagen, que ha admitido públicamente haber instalado el software que manipulada los datos de las emisiones en coches de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.