La Federación de Asociaciones Empresariales de Talleres, Automoción y Movilidad de Andalucía (Faetam) ha manifestado su oposición al "entorno extremadamente restrictivo" que propone el Parlamento Europeo en materia medioambiental para vehículos pesados, un reglamento que deberá revisar y aprobar el Consejo Europeo.

"Las emisiones de CO2 de los camiones (incluidos los de recogida de basura, volquetes y hormigoneras) y autobuses tendrán que reducirse el 45% en 2030‐2034, el 65% en 2035‐ 2039 y el 90% a partir de 2040. Para 2030, los autobuses urbanos nuevos deberán recortar sus emisiones el 90%, hasta neutralizarlas a partir de 2035. También tendrán que bajar sus emisiones los tráileres (7,5%) y semitráileres (10%) a partir de 2030", explica la entidad.

"Como representantes de los reparadores y vendedores de este tipo de vehículos, y sin menospreciar los objetivos de descarbonización global, tenemos que manifestar nuestra más firme oposición a un entorno tan extremadamente restrictivo para un tipo de vehículo donde aún no se ha podido avanzar en tecnologías que garanticen la eficacia y la eficiencia", añade Faetam.

La Federación recuerda que el vehículo pesado está adscrito a actividades económicas, profesionales y servicios públicos (como es el caso del transporte de viajeros) y añade que la electrificación completa (BEV) "se ha demostrado que no es una tecnología eficaz desde el punto que incrementa el peso de los vehículos, además de limitar la carga útil para dejar espacio a baterías". En este sentido, apunta que, en términos de eficiencia, "la espera para cargar el vehículo hace imposible su sostenibilidad económica, deben estar siempre en circulación, sin tiempos muertos".

Asimismo, subraya que el hidrógeno está "en fases muy incipientes" e incide en que el coste de todas estas tecnologías hace que el precio de los vehículos se dispare "a valores no asumibles", además de con un valor residual cero al ser tecnologías que se antojan nacen "obsoletas" por la evolución del mercado.

UNA "VUELTA DE TUERCA MÁS"

Faetam afirma que la industria está "invirtiendo en conseguir la deseada descarbonización", pero precisa que el sector entiende que marcar esos niveles restrictivos y calendarios supondrá una "vuelta de tuerca más" para el autónomo y pymes en caso de vehículo industrial, y para las entidades locales, para el transporte de personas, basuras, etc, y en consecuencia para la presión impositiva de los ciudadanos.

"Existe el error de concepto de identificar el fabricante con el vendedor, pero esto no es así. El concesionario de vehículos es una empresa local o regional que sufre el incremento de los costes reduciendo la potencialidad de la venta. Son empresas que mantienen y crean empleo en nuestra comunidad. En consecuencia existe el riesgo de paralizar aún mas la venta de vehículo nuevo y potenciar, todavía más, el mercado endogámico del vehículo de ocasión", asegura.

El cierre de ventas de 2023 arrojó esta valoración que Faetam califica de "inquietante":

En conclusión, la Federación exige que en el vehículo pesado "se escuche al sector, y no solo al fabricante, sino a las empresas y entidades publicas, que son los clientes de estos medios, a los que les queda "mucho camino para la reducción de emisiones en eficacia y necesaria eficiencia".